El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo
Illa amenaza con denunciar a Orriols por «delito de odio» por sus tuits sobre el crimen de Manresa
El presidente catalán estudia llevar a la Fiscalía las publicaciones de la líder de Aliança Catalana
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dejado entrever esta semana que su Ejecutivo podría acudir a la Fiscalía contra la diputada y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, por un p«osible delito de odio» a raíz de los mensajes que publicó en redes sociales sobre el asesinato de Carles Vilajosana, ocurrido en Manresa durante la fiesta mayor de la capital del Bages. Preguntado en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio, Illa fue tajante: «Siempre que se observen comportamientos que vulneren el marco legal y que aticen el odio, el Govern actuará. Lo estamos valorando. Si es el caso, en este y en todos, actuaremos igual».
El crimen que ha desatado la ofensiva del Ejecutivo catalán tuvo lugar durante las fiestas mayores de Manresa, cuando Vilajosana fue apuñalado mortalmente. Las autoridades detuvieron a dos menores: uno, hijo de padres marroquíes; el otro, hijo de padres catalanes. Ambos habían nacido en Cataluña. Según ha podido conocerse, uno de los detenidos se encontraba en ese momento bajo libertad vigilada por hechos delictivos previos, mientras que el segundo había estado sometido anteriormente al mismo régimen, aunque ya lo había cumplido.
Fue precisamente la reacción de Orriols en la red social X la que desencadenó el conflicto. En un primer mensaje, la dirigente independentista aseguró que el crimen había sido obra de «un grupo de menores marroquíes —de esos que a Illa le gusta tanto acoger en Cataluña—» que habría perseguido y apuñalado a la víctima, atribuyendo inicialmente los hechos a menores no acompañados. En publicaciones posteriores, a medida que se conocían más datos sobre los detenidos, Orriols endureció el tono: «Dos menores de origen marroquí que hace cuatro días apuñalaron a un hombre con un destornillador matan a un ciudadano a cuchilladas. A mí me da igual que sean menores, que tengan brotes psicóticos o que se consideren vulnerables. Los quiero fuera de mi país». En un tercer tuit, publicado el 3 de septiembre, subrayó que los jóvenes «habían nacido aquí, habían pasado por el tamiz del sistema educativo (...) no eran inmigrantes recién llegados en patera, sino alumnos sometidos a las directrices de la Conselleria d'Ensenyament», mensaje que remataba con un inquietante «quizá es hora de...».
La consellera de Interior, Núria Parlon, salió a la defensa en nombre del Govern para cargar contra Orriols y Aliança Catalana, a quienes acusó de difundir «noticias falsas» en plena conmoción social por el crimen. El propio Illa insistió en la misma línea durante su intervención en el Palau: «Hay que ser contundente, pero no difundiendo noticias falsas que no hacen ningún servicio ni a la seguridad ni a la convivencia del país. A la mentira siempre se la combate con la verdad».
El president, sin embargo, evitó pronunciarse sobre quién debía asumir la responsabilidad política del caso, remitiéndose a «las autoridades que tomaron las decisiones que tomaron» sobre el régimen de libertad vigilada de los menores. Illa reivindicó como tarea del Govern «una policía eficaz, velar para que los jueces tengan los medios que deben tener y hacer cumplir sin matices la ley», y zanjó que «quien comete un delito, diga lo que diga y venga de donde venga, es detenido y puesto ante la justicia».