El gobierno de Illa se personará en el caso de la niña de 12 años violada por una red de pederastas

El caso de la niña de 12 años violada de forma reiterada por un electricista de 45 años que también la ofrecía para ser abusada por una red de pederastas y la usaba para captar a otros menores es también un problema para el gobierno de Salvador Illa, ya que la menor se encontraba bajo la guarda de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat de Cataluña.

El ejecutivo socialista ha heredado el problema de sus predecesores –la detención del pederasta líder de la trama tuvo lugar hace un año, con el gobierno de Pere Aragonès en funciones–, pero ha reaccionado «tarde y mal», como le afeaba esta semana la diputada de Vox María García Fuster. La consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, no ha comparecido ante la prensa hasta este jueves.

Lo ha hecho para anunciar que el gobierno de la Generalitat se personará como acusación popular cuando el caso llegue a juicio «para poder darle seguimiento», y ha asegurado que el ejecutivo llevará a cabo una revisión de «todos los protocolos» para asegurar que hechos como este «no vuelvan a ocurrir más». Cabe recordar que Martínez Bravo destituyó a finales de marzo a los dos máximos responsables de la DGAIA, Isabel Carrasco y Joan Mayoral.

«Es evidente que la DGAIA necesita una transformación profunda y lleva siendo evidente muchos años», ha dicho, en velada crítica a la inacción de Junts y ERC durante sus etapas al mando de la Generalitat. Martínez Bravo, que comparecerá en el Parlament para dar explicaciones por este caso, ha asegurado que se ha pedido «una auditoría completa» y ha adelantado un «plan de transformación integral» de la DGAIA en el que llevan trabajando «desde hace semanas».