El caso de la violación sistemática de una niña tutelada coge a contrapié a la Generalitat: «Tarde y mal»

«Tendrían que desmantelar la DGAIA». La frase es de la diputada de Vox, María Elisa García Fuster, no solo por las irregularidades «muy graves» que se han detectado en el organismo, con la concesión de millonarios contratos a «fundaciones de amiguetes», sino porque, además, del fraude, «a todas estas fundaciones y a la administración resulta que los menores que tenían que proteger les daba igual».

Lo decía la diputada a cuentas del caso que se ha conocido estos días, el de una niña de 12 años violada de forma reiterada por un hombre, un electricista de 45 años que también la «ofrecía» en aplicaciones de citas. Pero este caso es solo uno de los que investiga la justicia. Y es que a él se le considera el cabecilla de una red de pederastia por la que hay 15 hombres más encausados, algunos de ellos son padres de familia con hijos, y una decena de víctimas más.

Pero este caso ha centrado la atención porque la niña entraba y salía del centro de menores en el que residía, y es que estaba tutelada por la DGAIA, sin que nadie se diera cuenta. En ocasiones estaba durante días fuera de esa centro. Y eso es lo que no se acaba de comprender, esa falta de control, por qué no se detectó antes.

Hay otra cuestión a tener en cuenta. Este caso ha vuelto a la actualidad ahora, pero lo cierto es que el acusado lleva en prisión un año. Y ha sido ahora cuando la Generalitat ha decidido tomar alguna decisión. En concreto, el Departamento de Derechos Sociales ha abierto un expediente informativo para revisar qué actuaciones se activaron al detectarse esos presuntos abusos sexuales a esta niña de 12 años.

La consejería asegura que «ante la gravedad de los hechos y con voluntad de transparencia», la responsable del departamento, Mònica Martínez Bravo, comparecerá en el Parlament para explicar las conclusiones preliminares del expediente, que tiene como objetivo revisar, en profundidad, la cronología de los hechos; identificar ámbitos de mejora y reforzar los mecanismos de protección de los menores que son víctimas de violencia sexual.

La diputada de Vox, María Elisa García Fuster, considera que la Generalitat «llega tarde y mal» y además no ha tomado ninguna medida «contundente» al respecto. Asegura que este caso «no debería haberse producido nunca» porque la niña es «responsabilidad directa del gobierno de Cataluña y es un caso flagrante del fracaso de esta institución».

Y también ha recordado que ERC, PSC, Comunes y Junts se ha dedicado a «bloquear» propuestas de Vox para esclarecer todos estos hechos. En este sentido, ha traído a colación unas declaraciones de una diputada de ERC que aseguró que pedir explicaciones a la DGAIA suponía dar alas o hacer el juego a la 'extrema derecha'. «Tienen mucho que perder», sentencia García Fuster, porque la DGAIA ha sido responsabilidad, durante estos últimos años, de los republicanos, precisamente.

También el portavoz del grupo parlamentario del PP, Juan Fernández, ha censurado el silencio del PSC ante los casos de «corrupción y desprotección» de los menores en la DGAIA. El caso de esta niña, apunta, demuestra que el sistema de protección de menores en Cataluña «ha fallado de forma estrepitosa» y pide «explicaciones:» a la consejera Martínez Bravo. Sobre todo, que sea «responsable y dé la cara».

Y no solo hace esta denuncia la oposición. También lo ha hecho el exvicepresidente del Colegio de Educación Social de Cataluña, Lluís Vila. Lo ha hecho en declaraciones a RAC1. Ha asegurado que no le sorprende que haya casos de menores tutelados por la DGAIA violados fuera de los centros, porque no son «anecdóticos». De hecho, ha dejado claro que «dramas como este hay cada día». Considera que este organismo es «opaco» y necesitase un replanteamiento «de arriba abajo». Entre otras cosas, porque faltan recursos humanos y económicos.

La red de pederastas investigada

Lo cierto es que el electricista que abusó de esa niña de 12 años, y por el que la Fiscalía de Barcelona solicita una pena de 107 años y medio de prisión, lideró una red de pederastas en Barcelona. Así lo explicaron hace un año los Mossos de Esquadra en un comunicado, en el que se precisaba que «mantenía contacto con otros depredadores sexuales con los que organizaba encuentros con menores en su casa», hechos que grababa con su teléfono móvil y cámaras ocultas.

La desarticulación de la red que presuntamente lideraba este hombre la explicaron en una rueda de prensa en junio de 2024 el inspector Josep Antoni López Garzón y el cabo David López, del Área Central de Cibercrimen de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos de Esquadra. En aquel momento, López Garzón avanzó que había muchos autores y muchas víctimas, en sus palabras textuales, y que la investigación permitió llegar a «un pederasta que ponía en contacto a otros pederastas con menores».

El instructor de las diligencias, el cabo David López, explicó que la investigación, iniciada en 2021, había sido «muy larga y compleja» y había tenido como inicio la denuncia de una menor de 12 años que había manifestado haber sido víctima de abusos por parte de adultos en un domicilio de Barcelona donde otros menores habían sido agredidos sexualmente.

El presunto líder fue detenido en junio de 2022 y en el registro de su domicilio en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona se localizó material informático e indicios que lo relacionaban con actividades con menores.

El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona abrió un primer procedimiento a raíz de la denuncia de la menor de 12 años. Su instrucción acabó en enero del año pasado y está pendiente de ser juzgado en la Audiencia de Barcelona. Derivado de este sumario, se abrieron otros dos procedimientos. La segunda causa tiene 11 investigados y dos víctimas menores (la niña de la causa principal y un niño). La tercera causa cuenta con seis investigados. En este procedimiento aparecieron un mínimo de cinco nuevas víctimas después de que se llevara a cabo el volcado de los dispositivos electrónicos.

Para cinco de estos investigados se han abierto otros procedimientos, de forma individual, después que en esos dispositivos se encontrara pornografía infantil de otros hechos que nada tienen que ver con la causa principal, con la violación de la niña de 12 años que investiga el juzgado de instrucción 7 de Barcelona.