El PP llevará al Constitucional la cesión a Cataluña de los secretarios e interventores municipales

El Partido Popular llevará al Tribunal Constitucional el acuerdo por el que se traspasa a la Generalitat la gestión de los secretarios e interventores municipales, lo que se materializará a través de una disposición adicional específica para Cataluña en la ley que lo regula. Algo, que, por otro lado, los populares ya han hecho en el caso del País Vasco.

Así lo ha anunciado el secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, el portavoz parlamentario de la formación, Juan Fernández, además del diputado en el Congreso José Enrique Núñez, que hoy se han reunido en Barcelona con asociaciones de secretarios, interventores y tesoreros municipales.

Con este acuerdo, la Generalitat tendrá facultades de creación, clasificación y supresión de puestos; aprobación de la oferta de empleo público, procesos de selección, nombramiento y procesos de provisión, y gestión administrativa integral de estos funcionarios.

Desde el PP justifican esta decisión, la de presentar un recurso de inconstitucionalidad, porque una sentencia del TC de 1983 «marcó claramente que es una competencia estatal, que presenta su trabajo desde un ámbito nacional, desde una jerarquía establecida por el Ministerio» y considera Núñez que son cuestiones que no se pueden traspasar.

Por este motivo, prometen que «darán la batalla», no solo en el ámbito judicial, sino también en el político. Han presentado los populares una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que la cámara se pueda pronunciar con relación a este traspaso, aunque no hay fecha para que pueda ser debatida en el hemiciclo. Iniciativas que también se llevarán a cabo en el ámbito de Cataluña.

Para el portavoz del grupo parlamentario del PP en Cataluña, Juan Fernández, se trata de una «cesión promovida por el PSOE y los partidos independentistas que representa un ataque a la arquitectura administrativa de este cuerpo superior del Estado». Y considera que es un paso más en la «estrategia de desmantelamiento del Estado en Cataluña», que no mejorará en nada el servicio a los ciudadanos.

Es más, desde el Partido Popular creen que «Sánchez utiliza a estos servidores públicos, una vez más, como moneda de cambio con el silencio cómplice de Salvador Illa», ha lamentado Núñez. Y no solo eso, sino que se pretende convertir a este cuerpo de funcionarios «en un brazo político en los ayuntamientos».