Puigdemont no hará una escapada a Barcelona este verano

La amnistía negociada entre Santos Cerdán –el hombre de confianza de Pedro Sánchez, ahora caído en desgracia por corrupción– y el beneficiado más directo por la misma, Carles Puigdemont, recibía este jueves el aval del Tribunal Constitucional (TC). Nadie esperaba otra cosa: un tribunal nombrado por quienes redactaron la ley ha avalado una legislación cuyo objetivo es mantenerlos en el poder, a cambio de borrar el expediente delictivo de quien tiene la potestad de mantenerlos en la poltrona.

El hecho de que los protagonistas sean un presunto corrupto como Cerdán y un huido de la justicia como Puigdemont –ambos beneficiados en primera persona, de la ley de amnistía– permite afirmar que estamos ante un caso donde confluyen todos los tipos de corrupción existentes: judicial, política y financiera. La tormenta perfecta de la degradación institucional, jurídica, política y ética ha llegado a lo más alto del poder político de España.

Gonzalo Boye, condenado por terrorismo y abogado de Puigdemont, salía a la palestra pocos minutos después del anuncio del TC para anunciar que iba a solicitar la suspensión de la orden de detención contra Puigdemont, para facilitar así su regreso a España.

En la misma declaración, Boye acusaba al juez Pablo Llarena de «sedicioso» y dejaba claro que el presidente de Junts –residente en Waterloo (Bélgica), donde permanece huido de la Justicia– no pisará suelo español hasta que dicha orden sea levantada. En definitiva, el abogado de Puigdemont ha descartado que este verano su cliente repitiera su escapada inversa a Barcelona, al estilo de la que protagonizó el verano pasado.

La malversación, el punto clave

Puigdemont cuenta ahora con 20 días para presentar un recurso de amparo ante el TC sobre la sentencia, cosa que ya ha anunciado que realizará, dado que la resolución no habla de malversación. El recurso del PP no abordaba este tema y Puigdemont necesita que el TC entre también ahí para facilitar su amnistía completa. Sin embargo, este choca con el artículo 2 de la Ley de Amnistía, que excluye los delitos que afecten a intereses financieros de la UE.

La malversación es ahora el tema más importante, dado que es lo que impide el regreso a España de Puigdemont sin ser detenido. No hay que llamarse a engaño: la situación personal de Puigdemont es la clave de la legislatura, y todo lo demás es secundario. El resto de líderes procesistas afectados por el tema de malversación están en la calle debido al indulto, aunque inhabilitados para el ejercicio de un cargo electo público.

Así, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull esperan la amnistía para poder presentarse a las elecciones. Por su parte, Lluís Puig y Toni Comín también huyeron de la justicia acompañando a Puigdemont, y permanecen fugados en Bélgica. El independentismo ha salido en tromba a negar la reconciliación, y celebran haber dado un paso hacia la consecución de la independencia de Cataluña.

La conversión del socialismo

El aún presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comentó la sentencia desde Bruselas antes de que el Tribunal Constitucional la hiciera pública. Sánchez dijo que «esta crisis [en referencia al intento de separación unilateral] jamás debería haber salido del ámbito político». Olvida el presidente socialista que él avaló la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Además, sus líderes locales de aquel momento –Salvador Illa y Miquel Iceta– participaron en las masivas manifestaciones de protesta contra el proceder golpista de sus hoy aliados parlamentarios. Ayer, no obstante, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, apuntalaba la tesis presidencial afirmando que «la convivencia plena ha llegado a Cataluña»

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien antes de las elecciones negó la posibilidad de que hubiera amnistía o referéndum, ha pedido que el Supremo facilite la aplicación de la misma, y «que lo haga con diligencia». El presidente de la Generalitat tiene prisa en este caso, pero no se apremia –por ejemplo– cuando se refiere a la aplicación de sentencias sobre el uso del castellano en los centros educativos catalanes.

Lo peor de esta situación es que el socialismo, que en octubre de 2017 estuvo a la altura –aunque fuera a rastras–, ahora se ha pasado al bando de aquellos que quieren acabar con España y establecer un país de castas con ciudadanos de primera y de segunda. En el primer bloque estarían los de izquierdas y/o los separatistas, y en el segundo el resto, que no obligatoriamente han de ser derechas: basta con que esperen tener un Gobierno que sea observante de la ley.

Reinvención de la historia

Josep Rull, presidente del parlamento autonómico catalán, condenado por su participación en el intento de separación unilateral e indultado por el gobierno de Sánchez, pidió que el Parlament tenga potestades de debate más allá de sus competencias. Esto significa avalar el proceder del parlamento durante los plenos de septiembre de 2017, que abolieron la Constitución y el Estatuto de Autonomía y dieron luz verde a un proceso constituyente, motivo por el cual la presidenta del parlamento por aquellos días, Carmen Forcadell, fue condenada.

Jordi Turull, compañero de partido de Rull, secretario general de Junts y también indultado, cree que «el conflicto político sigue hasta que no se implemente el resultado del referéndum del 1 de octubre» en referencia a la proclamación de la independencia de Cataluña. Turull ha anunciado que con la resolución del TC en la mano «se abre la puerta a querellarse contra los jueces que no apliquen la amnistía».

Y ha ido aún más lejos al pedir al TC que sea él mismo el que multe a los jueces. El independentismo lo tiene claro: es el momento de dar un paso definitivo hacia la separación desarmando el estado de derecho, y cuentan con el apoyo inestimable del Partido Socialista.

Por su parte, el presidente de Òmnium, Xavier Antich –que sucedió a Jordi Sánchez cuando éste fue condenado por su participación en el asalto a la Consejería de Economía–, desmiente el argumentario del TC, de Sánchez y de Illa sobre el reencuentro. Afirma literalmente que «la amnistía no implica reconciliación», y remata: «El conflicto político seguirá mientras Cataluña no pueda decidir democráticamente su futuro», lo que es un eufemismo sobre el referéndum… que a su vez es otro eufemismo sobre la separación.

Oriol Junqueras, que sigue inhabilitado porque era consejero de Economía y responsable de malversación, es consciente de que el votante separatista identifica la Ley de Amnistía como un logro de Junts. Por eso quiso echar agua al vino diciendo que «la sentencia del TC en mi caso no implica ningún cambio, dado que el Tribunal Supremo ya ha dejado claro que no la va a implementar».

Lo que ayer se hizo es, además de una injusticia arbitraria con tintes totalitarios, una humillación a los catalanes no independentistas y todos los españoles que creen en el estado de derecho. El Tribunal Constitucional, el Gobierno y los independentistas han hecho hoy real la frase de Ayn Rand: «Cuando la ley ya no te protege de los corruptos, sino que protege a los corruptos de ti, sabes que tu nación está condenada».

España, que vivió un momento de máxima altura moral con el discurso del Rey Felipe VI la noche del 3 de octubre, hoy toca fondo.