Ignacio Garriga, secretario de Vox
El Parlament de Cataluña prepara una reforma para poder multar los discursos de Vox y Aliança Catalana
La Mesa parlamentaria impulsa cambios normativos tras el aumento de retórica extremista con la llegada de nuevas fuerzas políticas
La presidencia del Parlament catalán, encabezada por Josep Rull, avanza en modificaciones reglamentarias para fortalecer los mecanismos sancionadores contra manifestaciones discriminatorias. Según información de El Periódico, la Mesa parlamentaria (PSC, Junts y ERC) desarrolla una propuesta para incorporar al reglamento las disposiciones del código de conducta, elevando su rango normativo y superando las limitaciones legales actuales.
Contexto de creciente tensión
La necesidad surge del incremento de episodios polémicos desde la incorporación de Vox (2021) y Aliança Catalana (2024). Rull ha estudiado experiencias europeas similares y fuentes consultadas por El Periódico explican que el código actual, de 2016, requiere actualización. «Necesitamos que el Parlament actúe como cortafuegos», señala un conocedor de la iniciativa.
Vacío legal como obstáculo
Aunque el manual contempla penalizaciones desde multas hasta expulsión por discriminación, su falta de rango legal genera vulnerabilidad jurídica. Expertos consultados por El Periódico advierten que podrían impugnarse en tribunales. El reglamento actual solo permite expulsión por «palabras ofensivas», formulación genérica que otorga amplia discrecionalidad presidencial.
Comisión especializada en funcionamiento
La comisión del estatuto del diputado examina casos reportados por parlamentarios. En la legislatura actual hay dos solicitudes en tramitación, pero un exmiembro reveló a El Periódico que «la Mesa acaba no haciendo nada por el miedo de que las sanciones se puedan recurrir»Estrategia de consenso
La Mesa planea consensuar internamente la propuesta antes de presentarla al pleno, donde los tres partidos representados poseen mayoría suficiente para su aprobación. No obstante, buscarán el respaldo de otras fuerzas, replicando el proceso que condujo a la modificación del código de conducta hace un año con apoyo de PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP.
Los Comuns confirman conocer la iniciativa, mientras que la CUP asegura no disponer de información al respecto. Desde la Mesa justifican la necesidad de acordar previamente para evitar que «cada grupo intente incorporar sus propias propuestas y el proceso se alargue».
