El Gobierno rompe la caja común con un cupo catalán «federal» sin calendario y ruega a Junts que lo apoye

El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han escenificado este lunes una comisión bilateral para presentar las bases de su acuerdo de una nueva financiación autonómica para Cataluña pactado a tres bandas entre el PSOE, el PSC y ERC. Un ‘cupo catalán’ que nace con voluntad «federal» y que pretende ser el faro que guíe una reforma general del sistema de financiación autonómica.

«Es un cambio de paradigma», aseguran fuentes del gobierno catalán, sobre un acuerdo que consideran «bilateral pero generalizable» al resto de autonomías, y que no incluye ni cifras concretas, ni porcentajes ni calendarios de actuación. «Es un primer paso: se presenta una estructura, un esquema y unos principios», insisten desde la Generalitat.

La base del modelo es que Cataluña recaude el 100% de los impuestos y defina una «cesta de tributos» –calculada, dice el texto, a partir de «criterios objetivos y comprobable»–, de la cual se entregará una cuota de «solidaridad» al Estado por las competencias «homogéneas»; esto es, las compartidas entre todas las autonomías.

Esta solidaridad, no obstante, quedará limitada por el principio de «ordinalidad». A mayores, el modelo prevé una «financiación adicional» para las competencias «singulares» de Cataluña, que no está definido cómo se calculará, e incluso si se negociará será año a año.

El texto también incluye la eliminación del mecanismo de anticipos, por el que las entregas a cuenta se realizan dos años más tarde. Como sea, la intención de los socialistas es que este acuerdo negociado a puerta cerrada con una formación independentista sea la base de una reforma del modelo de financiación autonómica. «El Gobierno pone la estructura de un modelo generalizable», aseguran.

Un modelo suscrito hoy entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, que busca dotar de capacidad fiscal a las comunidades autónomas y eliminar varios fondos de compensación recogidos en el modelo actual, caducado desde 2014.

El IRPF, «a partir» de 2026

La segunda parte del texto describe la ‘musculación’ de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), que deberá crecer hasta adquirir la citada capacidad de asumir el 100% de los tributos en Cataluña. El año pasado, la ATC gestionó unos 5.000 millones de euros, y la previsión del gobierno catalán es que hacer lo mismo con el IRPF suponga mover un volumen de unos 30.000 millones.

El IRPF es, de hecho, el primer gran objetivo que marca el acuerdo: desde la Generalitat prevén gestionarlo íntegramente «a partir de 2026» y de forma progresiva, aunque ya asumen y reconocen que no será el 1 de enero por incapacidad técnica. Esto supone, de hecho, el incumplimiento de lo que venía defendiendo el ejecutivo de Salvador Illa hasta ahora.

«Es inviable con las cifras actuales», confiesan. Desde la Generalitat adelantan que la semana que viene presentarán el plan director para el despliegue de la ATC, trabajado también junto a ERC, y sus fases. Entre estas se incluye el traspaso de funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT) a la hacienda catalana. «Habremos de ir a eso, porque no hay tantos inspectores tributarios», reconocen desde el gobierno catalán.

El ejemplo que pone el acuerdo para entender cómo puede ser el proceso de asunción progresiva de los tributos es el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), el impuesto de matriculación: en febrero, los gobiernos de Illa y Pedro Sánchez pactaron que la agencia catalana usaría aplicaciones de la AEAT para «asumir progresivamente tareas de gestión en el impuesto», algo que «se puede replicar en el IRPF y en otros impuestos».

También reprochan a sus socios de ERC no haber dejado «preparada» la ATC, que presenta severas deficiencias. Entre ellas, el hecho de que la agencia tributaria catalana se maneja con dos plataformas tecnológicas diferentes –Espriu y Gaudí– que no tienen ninguna conexión entre ellas. Desde hace años se preparan proyectos para integrarlas, pero no se ha conseguido hasta el momento. «El papel lo aguanta todo», lamentan desde la Generalitat.

Un futuro incierto

Con toda su grandilocuencia, el acuerdo presentado hoy en Barcelona puede quedar fácilmente en papel mojado, ya que requiere que se modifiquen tres leyes en el Congreso de los Diputados: la propia LOFCA, la Ley 22/2009, que regula el régimen común de financiación autonómica.

Desde la Generalitat son conscientes: «Habrá que hacer modificaciones de mucho calado», advierten, señalando que la proposición de ley anunciada por ERC este fin de semana va en esta dirección. El presidente republicano, Oriol Junqueras, presentará en los próximos días una propuesta para que Cataluña pueda cobrar y gestionar todo el IRPF y «en el futuro el resto de los impuestos».

«Cuando ERC y el PSC firman el acuerdo, sabemos que no suman, es evidente», reconocen desde el gobierno catalán, aunque aseguran que «habrá que buscar las complicidades». En concreto, tienen la vista puesta en Junts, a quien instan veladamente a no boicotear el acuerdo alcanzado entre socialistas y republicanos: «El Gobierno aspira a que haya apoyo de todos los grupos catalanes», dicen.

Por su parte, desde Junts se abonan a la amenaza. Minutos antes de que empezase la reunión entre los representantes del Gobierno y la Generalitat, ha comparecido en rueda de prensa el vicepresidente de Junts, Antoni Castellà, considerando «muy decepcionante» el acuerdo y lamentando que «no hay nuevo modelo de financiación, ni singular ni plural».

Castellà ha evitado confirmar el sentido del voto de su grupo en el Congreso de los Diputados, pero sí ha amenazado con bloquear la tramitación de las reformas necesarias en Madrid, diciendo que «hasta ahora no hay ningún motivo para avalarlas».