¿Por qué le llaman déficit fiscal cuando en realidad es insolidaridad?

El Gobierno central se reúne hoy lunes con una parte de sí mismo, el Gobierno autonómico catalán, para renunciar a las competencias y recursos tributarios de todos los españoles en beneficio de una parte. El acuerdo más que entre gobiernos es entre el PSOE y ERC, pero cuenta con el beneplácito de todos los partidos sistémicos catalanes: PSC, Comunes, CUP y Junts, aunque este último se haga algo el remolón porque no quiere que sean los republicanos los que se apunten el tanto.

La pretensión del Gobierno catalán de cobrar todos los impuestos y quedarse con el dinero que se paga en Cataluña es compartida por organizaciones empresariales, sindicatos, medios de comunicación, cámaras de comercio y, en general, por todo aquel que pinte algo en el entramado de poder catalán.

¿Por qué es tan importante para todos ellos conseguir el control de la recaudación? Cataluña, hoy, ocupa posiciones por debajo de la media nacional en calidad del sistema educativo, en tiempo de espera para intervenciones quirúrgicas, ha perdido el liderazgo en aportación al PIB nacional y es una de las administraciones territoriales más endeudadas de España. Los diversos partidos que han pasado por el Gobierno catalán —CiU, luego reconvertido en Junts, ERC, el PSC e ICV luego transformado primero en Podemos y a posteriori en Comunes-Sumar— han justificado la elevada fiscalidad catalana, la baja calidad de sus servicios públicos y el tamaño descomunal de su administración alegando que sufren un maltrato fiscal por parte de «España». Según datos que ellos mismo ofrecen cada año los catalanes pagan 22.000 millones de euros que «el Estado» se queda y no invierte en Cataluña.

Cataluña representa actualmente alrededor del 20 % del PIB nacional, pero no quiere aportar nada a un sistema común que sirva para equilibrar a los que menos tienen con los que más. El independentismo y la izquierda catalana han creado un infierno fiscal en Cataluña, con una tributación sin paragón en otros lugares de España, bajo el argumento de la redistribución y la falta de recursos, de lo que acusa al Estado. Lo que vale como excusa para sangrar a los catalanes, que pague más el que más tiene, no sirve para que ellos aporten a una caja común.

El Gobierno catalán procedió a realizar un cálculo propio para mantener en pie su mantra y poder proseguir con la reivindicación de su salida del régimen común de financiación

Según el argumentario independentista, compartido tanto por la extrema izquierda de Comunes, como por el PSC, patronales, colegios profesionales y sindicatos, si «Cataluña», o sea, ellos, recaudaran y administraran todo el dinero generado en Cataluña, serían un paraíso en la tierra. Este argumento no lo pueden utilizar los vascos, dado que ellos ya recaudan y se quedan con todo para luego liquidar una cantidad, cada vez más testimonial, al Estado presuntamente a cambio de los servicios que este presta a la comunidad autónoma vasca.

En marzo de 2024, por exigencia de Junts, y como una de las contraprestaciones a cambio de la investidura de Pedro Sánchez, el Ministerio de Hacienda publico datos parciales de balanzas fiscales correspondientes a 2021. Una balanza fiscal no es más que los datos relativos a qué cantidades ingresa la agencia tributaria en concepto de IVA, IRPF, Sociedad y otros impuestos en una comunidad autónoma y qué cantidades vuelven a dicha comunidad. Lo sorprendente fue que, para desolación de los independentistas catalanes, Madrid había aportado 5.177 millones mientras Cataluña había recibido 146, así que el Gobierno catalán procedió a realizar un cálculo propio para mantener en pie su mantra y poder proseguir con la reivindicación de su salida del régimen común de financiación a través del eufemismo de la llamada financiación singular.

¿Cómo hizo el Ministerio el cálculo que tan mal salió para los intereses del argumentario independentista y socialista? Con datos de los fondos con los que el Estado financia, parcialmente, a las comunidades autónomas:

El fondo de Garantía o caja común, que sirve para financiar servicios públicos, reveló que la Comunidad de Madrid había aportado 4.619 millones de euros vs los 1.698 de Cataluña.

El fondo de Suficiencia, que cubre la diferencia entre las necesidades de gasto de cada CC.AA y su capacidad fiscal, puso de manifiesto que la Comunidad de Madrid había aportado 5.465 millones vs Cataluña que, no solo no había aportado, sino que había sido receptor neto por valor de 732 millones.

Finalmente, el fondo de Cooperación y competitividad donde ambas recibieron dinero, la Comunidad de Madrid 0,288 millones de euros por 1,1 Cataluña.

Al año siguiente, 2022, siempre según datos del Ministerio, las Comunidades de Madrid, Cataluña y Baleares aportaron 7.395, 2.088 y 345 millones respectivamente. En definitiva, la Comunidad de Madrid aporta más del triple que Cataluña. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Cataluña aporta a la caja común el 7 % de sus ingresos tributarios y la Comunidad de Madrid el 25 %, casi cuatro veces más.

La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia son, según FEDEA, las comunidades peor tratadas por el actual sistema de financiación y las forales —Navarra y el País Vasco— junto a Aragón y La Rioja la más beneficiada. Cataluña se sitúa en la media, lejos del presunto maltrato argumentado por el independentismo y el socialismo para justificar la insolidaridad que supone el sistema de financiación a medida que hoy pactarán.

La aportación de Cataluña sería, pues, acorde a su nivel renta y la creación de una agencia tributaria propia y la recaudación integral de todos los impuestos no servirá para aliviar las finanzas catalanas, ni mejorar sus servicios públicos, a no ser que sucedan dos cosas: que la Generalitat de Cataluña reduzca sus gastos generales y que no aporte nada de lo recaudado al resto del país dejando el esfuerzo a las otras dos comunidades: Madrid y Baleares.

FEDEA reconoce que el sistema de financiación actual carece de lógica y genera déficit estructural en todas las CC.AA por un valor del 1,1 % del PIB que en ciertas comunidades como Cataluña, Murcia o Valencia podría llegar al 2 %. Solo Canarias y Navarra están en superávit, así que los problemas de financiación no pueden circunscribirse solo a Cataluña, tal como pretenden los independentistas y sus socios socialistas.

En lo que va de año, el FLA ha entregado a las comunidades autónomas 20.500 millones, de los que Cataluña ha recibido 7.730 millones, más de un tercio del total

Más allá de las vías de financiación establecidas por Ley, que pueden ser modificadas si avanza el acuerdo entre ERC y el PSOE para cambiar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), las CC.AA también reciben dinero mediante el Fondo de liquidez autonómica (FLA). La comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos anunció hace pocas semanas que en el tercer trimestre del año entregará a las CC.AA 8.169 millones, de los que Cataluña recibirá el 36,9 %, lo que suponen 3.236 millones de euros. Algunas CC.AA no han solicitado fondos, entre ellas Madrid. En lo que va de año el FLA ha entregado a las comunidades autónomas 20.500 millones, de los que Cataluña ha recibido 7.730 millones, más de un tercio del total.

Los nacionalistas catalanes y el PSC calculan como déficit la diferencia entre lo que pagan el conjunto de catalanes y las empresas con sede en Cataluña por lo que invierte el Estado en esta comunidad. Hay dos métodos de cálculo: el del flujo monetario, que valora dónde va el pago, o el de carga – beneficio que analiza quién sale favorecido por la actividad del sector público y quién paga los costes. La Generalitat de Cataluña usa el del flujo porque es el que más le conviene, de la mano de expertos como el exconsejero del banco de España, Guillem López Casanovas, alegan que el déficit fiscal alcanza el 9,6 % del PIB catalán, lo que supone unos 21.892 millones que salen de Cataluña para «no volver», lo que justifica recortes, endeudamiento público, falta de servicios y altos impuestos.

La fórmula de cálculo, aceptada por los socialistas y propuesta por el independentismo, es tramposa porque no valora que, por ejemplo, una infraestructura férrea no beneficia a los catalanes solo a su paso por Cataluña, sino que si no conecta con otros territorios no aporta ningún beneficio. Tampoco tiene en cuenta, por ejemplo, aquellas inversiones en investigación que benefician al conjunto de los españoles. De hecho, la patronal, Fomento del Trabajo (CEOE), creó un grupo de expertos sobre el tema de la financiación, pero se atascó y no progresó en sus trabajos porque no se puso de acuerdo ni en qué método utilizar para calcular el déficit fiscal.