Puigdemont aprieta a Bolaños por el ‘CGPJ catalán’ después de que ERC se anotase un tanto con el cupo

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha empeñado en que la Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal (la conocida como «Ley Bolaños»), tiene que salir adelante a las duras o a las maduras. Su intención era llevarla al Congreso antes del parón veraniego, pero el ministro ha reconocido que las negociaciones llevan su tiempo y no va a poder ser posible.

Pero Junts es un actor crucial para garantizar que pueda prosperar, y en plena batalla con ERC para ver quién puede sacar más tajada de la debilidad del Gobierno, los de Puigdemont han puesto encima de la mesa reivindicaciones que suponen un paso más allá, y que van en la línea de lo ellos llaman creación de estructuras de estado y que, en este caso, afecta al ámbito de la justicia.

Si ERC saca pecho porque ha forzado al ejecutivo a presentar un modelo de financiación para Cataluña que va en la línea del concierto económico del País Vasco y Navarra o porque se está avanzando en el traspaso de Rodalies; Junts también aprieta lo suyo con otras cuestiones, ya sea con las competencias de inmigración o ahora, con la creación del 'Consell de Justícia de Catalunya', que sería una suerte de Consejo General del Poder Judicial propio para esta comunidad autónoma, como contrapartida para apoyar la Ley Bolaños. Y sin perder de vista otras cesiones a los independentistas, como la reforma de la malversación, la eliminación del delito de sedición y, por supuesto, la aprobación de la ley de amnistía.

En cualquier caso, ese órgano, ese Consell, asumiría determinadas competencias, como la designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los presidentes de sala y de las audiencias provinciales, así como el nombramiento y cese de jueces temporales, la supervisión disciplinaria y la inspección de juzgados en Cataluña. Además, Junts ha propuesto la supresión de la Audiencia Nacional, a la que califica de «reminiscencia franquista» que ha «pervertido» su función, y exige que los jueces destinados en Cataluña acrediten conocimientos de catalán.

Estas demandas, plasmadas en una treintena de enmiendas, reflejan la estrategia de Junts de aprovechar la debilidad parlamentaria del PSOE para avanzar en su agenda independentista. Un enfoque que no es nuevo, porque cada apoyo que ha dado a una normativa o propuesta del Gobierno, éste lo ha pagado a precio de oro.

Una reivindicación que viene de lejos

Y en eso están Junts y Bolaños. Las negociaciones entre ambas partes están siendo intensas y ha requerido la medicación del expresidente del Gobierno Jose Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, a finales de junio, el expresidente se reunió en Suiza con los líderes de Junts Carles Puigdemont, Jordi Turull y Míriam Nogueras, y allí les instó a que apoyaran la Ley Bolaños. A cambio, Junts quería ese 'Consell de Justícia de Catalunya', una propuesta que entronca con el Estatuto de 2006, pero que fue declarada parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2010 al considerar que un órgano autonómico no puede asumir funciones de gobierno del poder judicial, reservadas al CGPJ.

Y el ministro Bolaños, consciente de la importancia de los votos de Junts, se ha mostrado públicamente «abierto al diálogo». El Gobierno aceptaría algunas de las enmiendas de la formación de Puigdemont, pero el ministro ha asegurado que la creación de ese Consell de Justícia es una línea roja, que sería «inviable» por su manifiesta inconstitucionalidad. Y apuntan desde el Ministerio de Justicia que, cualquier negociación, debe limitarse a «medidas razonables» que no comprometan la unidad del sistema judicial español.

Pero desde Junts, desde luego, no van a dejar de apretar. Según fuentes de la formación, «no darán sus votos a cambio de nada», y han advertido que su apoyo no será gratuito, como ocurrió con otros partidos que respaldaron la ley sin exigir contrapartidas. La formación de Puigdemont también ha expresado su rechazo a aspectos clave de la reforma, como el proceso extraordinario de acceso a la carrera judicial por concurso-oposición para estabilizar a jueces sustitutos, por considerarlo una vía que podría facilitar la politización y no respeta los principios de mérito, capacidad e igualdad.

Y esa propuesta del 'Consell de Justícia de Catalunya' no es nueva. Ya en 2017, como parte de las denominadas «leyes de desconexión», Junts pel Sí y la CUP aprobaron la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República (Ley 20/2017), que preveía la creación de un Tribunal Supremo de Cataluña y una sala de gobierno con funciones similares a las del CGPJ. Esta ley, aprobada el 8 de septiembre de 2017, fue suspendida por el TC y nunca entró en vigor, pero reflejaba las aspiraciones independentistas de establecer un sistema judicial propio. La actual demanda de Junts recupera esta idea.