Illa ficha a un directivo de IBM para desplegar la Hacienda catalana

El gobierno de Salvador Illa anunciará hoy el nombramiento de Santiago Ramón Arizón como nuevo comisionado para el despliegue de la Hacienda catalana, en el marco del nuevo modelo de financiación «singular» pactado con ERC y presentado la semana pasada. Arizón era hasta ahora director de proyectos en IGM y responsable del área de tributos de la empresa tecnológica para España, Portugal y Grecia.

Según han adelantado La Vanguardia y Catalunya Ràdio, la Generalitat también aprobará hoy la creación del Comisionado que dependerá de Ramón, así como el Consejo Asesor que le dará apoyo. El ya exdirectivo de IBM conoce bien el modelo catalán, ya que se encargó de desarrollar el sistema de gestión tributaria y recaudación de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) a partir de 2013, además de los de Madrid (2020-2022) y Egipto (2020-2024).

Ramón fue, también, responsable de un análisis de las fuentes de datos tributarias en la ATC, de un sistema de recepción de autoliquidaciones y de un estudio estratégico de la agencia. También colaboró con la Dirección General del Patrimonio del Estado en la definición funcional de la Plataforma de Contratación entre 2013 y 2014, antes había colaborado con el sistema de contratación en el Instituto Catalán de la Salud y el Servicio Murciano de Salud.

También fue jefe de proyecto de la Generalitat en el ámbito de los recursos humanos entre 2009 y 2010, y del Ayuntamiento de Barcelona entre 2010 y 2012. El citado Consejo Asesor estará formado por un presidente y hasta cinco miembros, expertos en gestión de tributos, tecnología o comunicación. Se reunirá una vez al mes, como mínimo.

Retos por delante

Ramón tiene por delante un reto mayúsculo, ya que en el caso de que la nueva financiación de Cataluña –el llamado ‘cupo catalán’– supere el escollo del Congreso, la actual ATC resulta a todas luces insuficiente para acometer la tarea de recaudar todos los impuestos en Cataluña. De primeras, cuenta sólo con 850 trabajadores, frente a los más de 6.300 de la Agencia Tributaria estatal (AEAT) en Cataluña.

El acuerdo trabajado entre ERC y el PSOE prevé que la ATC recaude íntegramente el IRPF a partir de 2026. «Es un reto gigante», reconocen fuentes de la consejería de Economía de la Generalitat. Entre las dificultades está, por ejemplo, desarrollar una nueva plataforma tecnológica: actualmente la ATC trabaja con dos aplicaciones, Gaudí y Espriu, que llevan años intentando conectar entre sí, sin éxito. Otra dificultad: la AEAT tiene 1.500 informáticos en plantilla, mientras que la ATC –señala Romero– no tiene ninguno.

A esto se le añade el malestar entre los propios inspectores de Hacienda. La asociación que representa a la mayoría de ellos, IHE, ha denunciado la «ilegalidad» e inconstitucionalidad del acuerdo. También lo ven con malos ojos los técnicos de Hacienda, que ven poco realista decir que el trasvase previsto de trabajadores de la AEAT a la ATC es factible a corto o medio plazo.