Illa tendrá esta semana el plan para «desplegar» la Agencia Tributaria Catalana y asumir el cupo

Hace justo una semana, el Gobierno y la Generalitat escenificaban el acuerdo que debe sentar las bases de la «financiación singular» de Cataluña: un pacto que empezó como un concierto económico que ERC negoció con los socialistas a cambio de apoyar la investidura de Salvador Illa y que en estos momentos el PSOE pretende vender como los cimientos de una reforma del sistema de financiación autonómica.

Así lo volvía a constatar este domingo la consejera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, en una entrevista para La Vanguardia en la que reconocía una «evolución» al escribir el documento presentado el pasado lunes: «Avanzamos hacia un modelo de financiación con visión federal», dice, revelando su intención de que lo pactado con los independentistas marque el paso al resto de España.

Sin embargo, cabe recordar que el papel lo aguanta todo, y que el acuerdo de este nuevo modelo –también conocido como ‘cupo catalán’– todavía tiene retos importantes por delante. Tal vez el principal escollo esté en el Congreso de los Diputados, ya que esta nueva financiación –que se basa en que Cataluña recaude todos los impuestos y devuelva una parte al Estado en concepto de «solidaridad»– requerirá modificar al menos tres leyes, para lo que se necesita el apoyo del bloque de investidura de Pedro Sánchez.

Un apoyo que no está, ni mucho menos, garantizado: hay resquemor incluso dentro del propio PSOE, pero también en partidos a priori afines como Junts, que han criticado duramente el acuerdo presentado –lo ven como «muy decepcionante», en palabras de su vicepresidente, Antoni Castellà’– e insisten en que su apuesta pasa por un concierto «como el del País Vasco o Navarra».

‘Engordar’ la Agencia Tributaria

Otro reto, no menor, es que incluso en el caso de que se lograsen sacar adelante las modificaciones legislativas necesarias para que la «Hacienda catalana» –esto es, la Agencia Tributaria de Cataluña, o ATC– recaudase todos los impuestos, aún faltaría definir cómo, ya que la ATC cuenta actualmente con 850 trabajadores, frente a los más de 6.300 de la Agencia Tributaria estatal (AEAT) en Cataluña.

El primer hito ya sería, de hecho, mayúsculo, porque el acuerdo prevé que la ATC recaude íntegramente el IRPF «a partir» de 2026: el matiz es importante porque desde el gobierno catalán reconocen que esto no será desde el 1 de enero, como se había anunciado al principio. «Es un impuesto masivo, inviable con las cifras actuales», reconocen fuentes de la consejería de Economía de la Generalitat.

Desde el Govern se insiste en que la ATC acabará gestionando todos los impuestos que se recaudan en Cataluña, pero el acuerdo firmado no incluye calendarios, ni plazos, ni cifras. Una de las incógnitas se debería resolver esta semana, ya que es cuando está previsto –según adelantaban las citadas fuentes– que la Generalitat presente el plan director trabajado junto a la consultora Indra para el «despliegue» de la ATC.

«La semana que viene [es decir, esta] sabremos qué fases plantea el plan director», señalaban fuentes del gobierno catalán a puerta cerrada pocas horas antes de que se presentase el acuerdo del lunes pasado. Sea como sea el plan de Indra, lo que nadie pone en duda es la dificultad de la operación: «Es un reto gigante», confesaba Romero en la citada entrevista.

Entre las dificultades está, por ejemplo, desarrollar una nueva plataforma tecnológica: actualmente la ATC trabaja con dos aplicaciones, Gaudí y Espriu, que llevan años intentando conectar entre sí, sin éxito. Otra dificultad: la AEAT tiene 1.500 informáticos en plantilla, mientras que la ATC –señala Romero– no tiene ninguno. «Está claro que si tenemos que hacer algo que hacía bien el Estado... o lo hacemos mejor o no lo hacemos», concluía la consejera.

A esto se le añade el malestar entre los propios inspectores de Hacienda. La asociación que representa a la mayoría de ellos, IHE, ha denunciado la «ilegalidad» e inconstitucionalidad del acuerdo. También lo ven con malos ojos los técnicos de Hacienda –según explicaba a El Debate el presidente de Gestha–, que no compran el relato de que el trasvase de trabajadores de la AEAT a la ATC sea factible a corto o medio plazo.