Puigdemont vive su peor semana desde que Junts ejerce de muleta del PSOE

Hace casi ocho años que Carles Puigdemont huyó de España. Desde Bélgica, el prófugo armó un discurso consistente en afirmar que la justicia europea enmendaría la plana a la española y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desmontaría todos los atropellos jurídicos a los que Puigdemont, según él mismo, ha sido sometido por el Tribunal Supremo.

En el pasado Puigdemont y su abogado, el condenado por pertenencia a banda armada Gonzalo Boye, lograron algunos éxitos parciales en los tribunales europeos como, por ejemplo, cuando Puigdemont fue detenido en Alemania y un juez aceptó la extradición pero solo por el delito de malversación o cuando fue nuevamente detenido en Cerdeña (Italia) y la jueza suspendió la extradición a la espera de la decisión del TJUE.

Sin embargo, con el paso del tiempo el horizonte judicial de Puigdemont en Europa se fue torciendo. Primero se le denegó la condición de diputado europeo sin haber tomado posesión en España, ahora el representante de la Comisión Europea ante el TJUE declaró que el gobierno de la Unión considera que la amnistía concedida por el gobierno Sánchez no es de interés general sino una concesión a cambio de apoyo político.

Boye, siempre desafiante, al finalizar la vista que desembocará en un informe del abogado general de la UE, previo a la toma de posición de la TJUE, criticó a la Comisión Europea y afirmó que el gobierno de España y ellos –el independentismo– van de la mano.

Un giro absoluto

La situación para Puigdemont ha dado un giro absoluto. Europa ha pasado de ser para él un refugio para huir de la justicia española a ser un problema. Hoy Puigdemont está más seguro y protegido en la España sanchista que en Europa. Por eso tras el revolcón del paso martes, sólo 48 horas más tarde, Boye volvió a la carga y entrego una petición al Tribunal Constitucional solicitando que se suspenda su orden de prisión.

El objetivo del representante legal de Puigdemont es que este pueda volver a España cuanto antes, sin ser detenido, para que así ante un posible fallo adverso del TJUE este no tenga afecto alguno. Boye afirma en su escrito que a Puigdemont se le vulneran derechos fundamentales y va más allá cuando recuerda el papel del expresidente de la Generalitat como «figura emblemática y clave en la negociación para formar gobierno».

Ante el avance inexorable del estado de derecho en Europa, la España que está a las puertas de aprobar la ley Bolaños que somete a la justicia al dictado del poder político es un lugar más seguro para Puigdemont que Europa. En definitiva, la semana horribilis de Junts no será óbice para que mantengan a regañadientes su apoyo a Sánchez, dado que en Junts lo único importante es el futuro personal de Puigdemont.

El cupo catalán

El revolcón del TJUE sucedió solo veinticuatro horas más tarde del fiasco del acuerdo sobre la financiación. El anuncio, sin fechas, ni cantidades, fue agridulce para Junts. Por un lado fue un alivio, dado que lo pactado respondía a una negociación entre ERC y el PSOE.

La espantada de María Jesús Montero, que se borró de la firma del acuerdo para no perjudicar sus intereses en Andalucía, así como la percepción global que se respiraba en Barcelona, incluida en la Generalitat socialista, de que el PSOE había tomado el pelo a ERC, permitió a Junts criticar a Junqueras y a Sánchez, pero a la vez constatar que cada anuncio de cesión que logran queda, luego, aparcado en un cajón, tal como ya ha sucedido con la transferencia de la inmigración, el control de fronteras y otros acuerdos.

Con el objetivo de no aparecer a los ojos de su público como un mero lacayo del sanchismo, Junts anunció su oposición a la tramitación de la ley de reducción de la jornada laboral que ahora deberá esperar al nuevo periodo de sesiones, en septiembre, para retomar su tramitación.

Desde La Moncloa, y en Junts no lo desmienten, creen que esta ley y la de reforma de la justicia, en la que Junts está especialmente interesada porque quiere obtener la creación de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propio para Cataluña desgajado del nacional, pueden llegar a negociarse como un pack entre Puigdemont y el nuevo emisario de Sánchez en Ginebra, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Presidencia del gobierno espera que Junts apoye la reducción de jornada a cambio de que ellos faciliten la disgregación del poder judicial.

La peor semana de Junts desde que es muleta del sanchismo tuvo otros momentos negros. El primero fue el miércoles cuando el CIS catalán auguró un descenso de Junts y una fuga de votos que provocaría, en el caso de celebrarse elecciones autonómicas, un aumento de diez diputados a Aliança Catalana, la fuerza islamófoba, hispanófoba e independentista que compite con Junts por el mismo espacio electoral.

La encuesta aleja a Junts del PSC en las elecciones autonómicas y sitúa en las elecciones generales a Miriam Nogueras a años luz del PSC y compitiendo con el PP.

La semana no podía tener peor cierre para Junts al comprobar que el consejo de asuntos generales de la Unión Europea no llegaba ni a votar la propuesta del Gobierno español para oficializar el uso del catalán, el vasco y el gallego en Europa.

El apoyo de Dinamarca, estado que ostenta la presidencia de turno de la UE y uno de los pocos gobiernos socialistas que queda en la unión, no fue suficiente para que la propuesta no fuera aparcada por séptima vez y para que los estados miembros dejarán traslucir su malestar ante la insistencia española en un tema que no es fundamental en el momento crítico que vive la UE.