El líder de Junts, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo
Tribunales
Puigdemont presenta recurso de amparo al Constitucional y exige levantar su orden de detención
Puigdemont recurre al Tribunal Constitucional contra la decisión del Supremo de no aplicarle la amnistía
El abogado Gonzalo Boye ha presentado este jueves al Tribunal Constitucional (TC) el anunciado recurso de amparo del líder de Junts, Carles Puigdemont, contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía. Puigdemont exige que se levante la orden de detención que pesa sobre él y que se le permita, por tanto, volver a España.
Puigdemont pide al tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido la suspensión de la orden nacional de detención que mantiene el juez instructor, Pablo Llarena. Reclama, además, que esta sea adoptada como medida cautelarísima –esto es, que debe resolverse de forma inmediata–, para evitarle perjuicios irreparables en caso de que se le conceda finalmente el amparo.
Boye argumenta en su recurso que se ha vulnerado el derecho de Puigdemont al juez predeterminado por la ley, así como su derecho a una tutela judicial efectiva. Según el letrado independentista, debería haber sido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quien decidiese sobre la amnistía de Puigdemont, ya que este era diputado autonómico cuando la ley entró en vigor, y no el juez Llarena.
Según Boye, Llarena no tenía competencias para decidir sobre la amnistía de Puigdemont, y además realizó una «interpretación aberrante» de la ley –un término jurídico que se refiere a casos en que un juez se desvía significativamente del significado lógico y razonable de un texto legal–, al excluir el delito de malversación vinculado al referéndum ilegal de 2017.
Boye, con todo, no se queda ahí, e identifica hasta una docena de derechos fundamentales y principios constitucionales que presuntamente se habrían vulnerado, como el derecho a la libertad personal o a la participación política en condiciones de igualdad, así como el principio de seguridad jurídica o el de eficacia normativa.
Amnistiar la malversación
Además, en el recurso Puigdemont pregunta al TC si es «constitucionalmente admisible» que un «órgano judicial carente de competencia» adopte decisiones «sobre la aplicación o inaplicación de la amnistía».
Y también insta a la corte de garantías a aclarar «si una interpretación extensiva, voluntarista y sin anclaje legal de una excepción a la amnistía puede legitimar la restricción de derechos fundamentales como la libertad personal», incluyendo «la libertad de circulación por todo el territorio de la Unión Europea, la igualdad y la participación política».