Conde-Pumpido tiene la llave para decidir sobre la vuelta a España de Puigdemont sin que sea detenido

El líder de Junts y prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont ha pedido al Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido la suspensión de la orden nacional de detención que mantiene vigente el juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, contra él. En el recurso planteado por su defensa, contra la decisión del Supremo de no aplicarle la amnistía, pese al aval del TC a la norma, se insta a que esta medida sea adoptada de manera cautelarísima –esto es, que se resuelva de forma inmediata y sin necesidad de trámite de audiencia previa a las partes–, para evitarle perjuicios irreparables en caso de que se le conceda finalmente el amparo que ha solicitado.

Es decir, desde este mismo momento, será Conde-Pumpido, quien con la mayoría izquierdista que se impone en la Corte de Garantías, quien tenga la llave para decidir sobre el regreso anticipado de Puigdemont a España, sin riesgo a ser detenido por los delitos por los que continúa reclamado como cabecilla del procés: desobediencia grave y malversación de fondos públicos.

Y es que según el abogado del fugado, Gonzalo Boye, el juez Llarena no tenía competencias para decidir sobre la amnistía de Puigdemont y, además, realizó una «interpretación aberrante» de la ley –un término jurídico que se refiere a casos en que un juez se desvía significativamente del significado lógico y razonable de un texto legal–, al excluir el delito de malversación vinculado al referéndum ilegal de 2017 del catálogo de irregularidades contenidas bajo el paraguas del borrado penal del procés. No en vano, el TC todavía no se ha pronunciado sobre el encaje legal del desvío del erario en la polémica norma.

Boye, con todo, no se queda ahí, e identifica hasta una docena de derechos fundamentales y principios constitucionales que presuntamente se habrían vulnerado, como el derecho a la libertad personal o a la participación política en condiciones de igualdad, así como el principio de seguridad jurídica o el de eficacia normativa. Una serie entre la que destacan los artículos 24 y 25 de la Carta Magna, a los que se hace referencia en la tesis independentista y que podrían servir de anclaje para que Conde-Pumpido articule una respuesta ad hoc para el líder de Junts y socio de investidura de Pedro Sánchez.

Y, también, cuestionando la competencia y alcance de la decisión del Supremo sobre su situación procesal, el ex presidente de la Generalitat insta al Constitucional a aclarar «si una interpretación extensiva, voluntarista y sin anclaje legal de una excepción a la amnistía puede legitimar la restricción de derechos fundamentales como la libertad personal», incluyendo «la libertad de circulación por todo el territorio de la Unión Europea, la igualdad y la participación política». Un asunto que, precisamente, está siendo objeto de análisis por parte del Tribunal de Justicia comunitario (TJUE) que, esta misma semana, se asomaba a las dos primeras vistas de las cuestiones prejudiciales sobre la amnistía planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional.

Así las cosas, de lo que se trata es de «desacreditar», una vez más, «la actuación del más Alto Tribunal» español al cual, nada más conocerse la luz verde del Constitucional a la amnistía, Puigdemont tildó de «sedicioso». En un vídeo publicado en su perfil oficial de la red social X (antes Twitter) el líder de Junts aseguró que su «margen prevaricador se va estrechando». «Cada vez que fuerzan las costuras del Estado de Derecho, la grieta se va haciendo más grande, hasta el punto de hacerla insostenible», advertía entonces.

Por ello, ahora, se ha encomendado de manera anticipada a lo que pueda determinar el TC, renovado a la medida del Gobierno y de sus socios separatistas entre los que se encuentra Puigdemont. La decisión del jurista sobre la cautelarísima que se ha solicitado para que el líder de Junts pueda pisar suelo español sin temor a ingresar en prisión, aún de manera provisional, «dependerá de lo que el Gobierno haya pactado con él», apuntan algunas fuentes consultadas por El Debate.

La ejecución del acuerdo pende del brazo ejecutor de Conde-Pumpido quien, hasta la fecha, ha salvado todas y cada una de las leyes ideológicas del Ejecutivo y que ha resuelto las causas más políticas, siempre, de manera favorable a los socialistas.

Sánchez es consciente de que la estabilidad de su Ejecutivo, cercado por la corrupción, está en manos de los separatistas de extrema derecha encabezados por Puigdemont y estos ya le han advertido de que está instalado «en una prórroga» que «no dura toda la legislatura». Un mensaje lanzado por la portavoz parlamentaria de la formación catalanista, Miriam Nogueras, que confirma la mayor: apoyarán a Sánchez mientras tengan algo que arrancarle. Y, entre las principales exigencias, ha llegado el momento del regreso a España de su líder.