La 'caza' al hispanohablante desmonta el relato del pacificador Salvador Illa

La normalidad no ha vuelto a Cataluña por mucho que se empeñe en señalar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para loar la presidencia del socialista Salvador Illa. La imposición del catalán sigue adelante. Y es que esta misma semana –un año después de que Illa acogiese la vara de mando de la Generalitat– El Debate contaba un nuevo caso de acoso y persecución por no hablar en catalán. Desvelaba este medio cómo una heladería de Barcelona regentada por un argentino había sido vandalizada tras un nuevo boicot independentista por no atender en catalán a la pareja del consejero del distrito de Gracia de ERC, Guillem Roma. El suceso, relatado en redes por el mismo Roma, al parecer animó al también independentista y diputado por la CUP Antonio Baños a lanzar en redes la proclama «este local es nuestro enemigo. ¡Hasta que cierre!» y tras ello fue vandalizado.

Pese a que es cierto que desde que Illa gobierna hay ciertas cuestiones institucionales que han vuelto a la normalidad –como el recibimiento oficial de un presidente catalán al Rey Felipe VI–, también es cierto que la 'caza' al hispanohablante no ha cambiado y sigue igual o peor a la de los tiempos de Pere Aragonés, Quim Torra o Artur Más.

Las pruebas son más que evidentes y surgen a diario en diferentes sectores de la sociedad catalana. Los recientes datos de la Agencia Catalana del Consumo no dejan lugar a dudas: en 2024 hubo más de 200 multas a comercios y establecimientos por no rotular u ofrecer sus servicios en catalán. Unas sanciones que van en aumento de año en año y que el pasado supusieron un total de 409.105 euros sustraídos a los ciudadanos.

En Sanidad, hace unos meses salía a la luz la elevada cifra de 200 denuncias impuestas a sanitarios ante la Generalitat por no hablar catalán a los pacientes; en la misma línea y apenas unas semanas antes se conocía que 212 sanitarios interinos con años de experiencia se habían quedado sin plaza fija en los procesos de estabilización por no acreditar el título C1 de catalán.

En Educación, además de la lucha que muchos padres deben de sostener para que su hijo pueda estudiar en castellano en las instituciones públicas, que no sea menospreciado por los profesores y obligado a hablar en catalán hasta en el recreo o que, al menos, pueda contestar los exámenes en su lengua materna, hay que añadir las conclusiones de un estudio reciente de la Universidad Camilo José Cela donde se extrae que la inmersión lingüística es una de las causas de que Cataluña haya obtenido unos resultados desastrosos en el último informe PISA y que se retrase un curso escolar respecto a Madrid.

Unos datos que reflejan, ni más ni menos, el ánimo e intención del Plan Nacional por la Lengua lanzado por Illa en mayo de este año, que lejos de buscar un descenso en estas injusticias sociales a causa del catalán, fija como objetivo imponerlo a 600.000 personas más de aquí a 2030. «El catalán nos necesita a todos y a todas», justificó el presidente de la Generalitat, dotando a este proyecto de ingeniería social con 255 millones de euros.