Los colegios públicos catalanes envían cartas para apuntarse a los cursos de árabe pagados por Marruecos

Desde hace algunos días, se están enviando cartas a las familias para que sus hijos puedan apuntarse a los cursos de árabe financiados por el gobierno de Marruecos. Es el caso de Calonge i Sant Antoni (Gerona). En una misiva con los membretes del Ayuntamiento y del Departamento de Educación de la Generalitat, se explica que a raíz del «acuerdo» entre la consejería y el Reino de Marruecos, a partir del 30 de septiembre se harán clases de árabe para los alumnos de quinto y sexto de primaria. Se deja claro que estas clases «son gratuitas» y se precisa que se llevarán a cabo los lunes y los miércoles, de 12:30 a 13:30 en la escuela Pere Rosselló. También se dice el nombre del profesor que impartirá esas clases.

Desde el consistorio, gobernado por Junts, matizan que, a pesar de que en ese documento aparece el membrete del Ayuntamiento, no forma parte de la organización de este curso de árabe. En un comunicado, explican que algunas familias de la escuela sí han pedido al departamento de Educación que se pudiera llevar a cabo ese curso, porque es la Generalitat la «que ofrece este recurso desde hace años en horario no curricular y es quien ha publicado el anuncio con el logotipo del consistorio sin el consentimiento necesario». Este alcalde de Junts se desmarca, aunque eso sí, asegura que no se opone a que se pueda organizar «porque no va en detrimento de la lengua y de la cultura catalanas».

Lo cierto es que estas familias han hecho la petición y el departamento de Educación de la Generalitat la ha concedido. Una iniciativa que se enmarca en el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM). Financiado íntegramente por el gobierno marroquí a través de la Fundación Hassan II, que es una entidad vinculada al gobierno de Marruecos, y que también gestiona la formación de imanes para comunidades migrantes.

El programa cuenta con unos 34 profesores funcionarios marroquíes en Cataluña, seleccionados y remunerados por Marruecos. Estos docentes reciben una credencial de misión de la embajada marroquí en España, y su labor es coordinada por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas.

Su objetivo es doble, atendiendo a la literalidad del programa: por un lado, proporcionar a los alumnos marroquíes una formación que les permita «salvaguardar su identidad cultural» mientras respetan la del país de acogida; por el otro, fomentar la inclusión escolar y sociocultural, desarrollando valores de tolerancia, solidaridad y respeto intercultural.

Según el Ministerio de Educación español, el PLACM enseña el árabe clásico, competencias de comunicación oral y escrita, y nociones de historia, civilización y tradiciones marroquíes específicas, como fiestas nacionales o elementos de la cultura magrebí.

En total, a nivel nacional, se imparte en 394 centros de 12 comunidades autónomas. Y de ellas, Cataluña destaca como el epicentro del PLACM en España, con 122 centros educativos (de primaria y secundaria) que lo impartieron el curso pasado, según datos del Departamento de Educación de la Generalitat.

Barcelona lidera con 61 centros, seguida de Tarragona y Gerona, en zonas con alta presencia de población magrebí. Hay que tener en cuenta que Cataluña acoge a unos 226.859 marroquíes, según el Observatorio Permanente de la Inmigración (2024). La implantación se realiza mayoritariamente como actividad extraescolar, aunque el curso pasado cuatro centros lo integraron en el horario escolar, con aprobación del consejo escolar.

Críticas al programa

Unos cursos que han censurado con dureza Vox. Desde la formación consideran que se pone en riesgo no solo la cultura nacional, «sino que se gira en contra de la integración de alumnos procedentes de Marruecos». Y lo que se debe promover, aseguran, teniendo en cuenta que la tendencia demográfica implica el incremento exponencial de más población inmigrante de procedencia marroquí, es su «adaptación cultural» a la cultura española. De ahí, que en Vox defiendan que «no podemos admitir la promoción, financiación y dotación de aulas cuyo objetivo pretende menoscabar la cultura nacional y crear confrontaciones culturales que no llevan más que a la segregación cultural»

Y desde las entidades que defienden el bilingüismo, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe, consideran que esa carta de Calonge i Sant Antoni demuestra el «cinismo» del sistema educativo en Cataluña, porque rellenando un simple papel, estas familias pueden conseguir que se les enseñe «su lengua materna, que no es la oficial ni vehicular en el sistema educativo catalán». La presidenta de la entidad, Ana Losada, recuerda que el español «está prohibido» en las actividades extraescolares y está «vetado» como lengua vehicular en las clases ordinarias de los centros públicos y en la mayoría de los concertados. De ahí que lamente esa «diferencia» de trato.