El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en una imagen de archivo
Política
Rufián afea a Junts que se «apropie» del acuerdo para imponer el catalán en la atención al cliente
Asegura que se trata de una «enmienda general» en la que también han participado ERC, Bildu y el BNG
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, asegura que el acuerdo con el Gobierno anunciado este martes por Junts para obligar a las grandes empresas a garantizar que la atención al cliente pueda ser en catalán, vasco y gallego no es exclusivo de la formación de Carles Puigdemont, sino una «enmienda general» al proyecto de ley que regulará estos servicios, en la que también participan los republicanos, Bildu y el BNG.
«Me alegra la capacidad de Junts de apropiarse de las cosas», ha señalado Rufián este miércoles en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso. Sobre las críticas, Rufián ha señalado estar sorprendido al ver que “españoles muy españoles se meten tanto con idiomas reconocidos en la sacrosanta Constitución".
Además, el diputado ha defendido que su partido quiere fomentar las lenguas cooficiales «en todas partes» y ha justificado la imposición diciendo que las empresas pueden usar «Google Translate» para llevarlo a cabo.
Patxi López
Se trata de una línea de argumentación similar a la empleada por el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, también en declaraciones en los pasillos del hemiciclo: «Ya está bien de demonizar que en este país se utilicen lenguas cooficiales en relaciones institucionales y en las relaciones con grandes empresas que tienen posibilidad de atender así», ha dicho.
López ha añadido que le parece «muy razonable» que empresas con personal suficiente atiendan en los dos idiomas en las comunidades bilingües. Después, a la pregunta de si eso se podría implantar en toda España, ha respondido: «Lo veremos cuando discutamos y debatamos las enmiendas».
De esta manera, López ha evitado confirmar lo anunciado por Junts el martes, cuando explicó que la previsión es que esta medida se aplique en empresas de más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones de euros anuales o que presten servicios básicos de interés general.