El gobierno de Illa defiende que se puede mejorar la gestión de El Prat sin tocar el marco normativo

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha defendido la posibilidad de mejorar la gobernanza del aeropuerto de El Prat sin necesidad de un traspaso completo de competencias, y respetando, de este modo, el marco normativo vigente de Aena. Así lo ha asegurado durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Ejecutivo de este martes, tras ser preguntada por los avances de uno de los acuerdos firmados con ERC y que permitió la investidura de Salvador Illa.

«El acuerdo con ERC no va en contra del marco normativo vigente. No se puede hablar de un traspaso del aeropuerto del 100%, pero sí que se puede hablar de mejorar la gobernanza. Hay recorrido de mejora sin entrar en contradicción», ha afirmado Paneque, quien considera que hay recorrido de mejora en su incidencia en la gestión de la infraestructura sin entrar en esa contradicción: «este es el campo de juego que tenemos, y eso es lo que abordamos en el acuerdo» con los republicanos.

Sin embargo, Maurici Lucena, presidente de Aena, ha defendido que el modelo de gestión compartida de los aeropuertos, incluyendo El Prat, no es viable porque «no puede ir en contra del marco normativo vigente». Apuesta por mantener su modelo de gestión centralizado sin participación autonómica. Esta postura responde a presiones de accionistas privados, como el fondo TCI, que alertaron sobre los riesgos de un traspaso de competencias que podría afectar la rentabilidad de la empresa.

Paneque ha recordado que ya hay una comisión de rutas en las que el Govern tiene «incidencia». Un ejemplo, ha asegurado, de lo que sería una fórmula «mixta». En cualquier caso, ha dejado claro que se continúa trabajando en esta línea y hay un diálogo «constante» tanto con Aena como con el Ministerio de Transportes.

Presupuestos

Diálogo es lo que necesita el ejecutivo de Illa para intentar cumplir los acuerdos alcanzados con ERC y también con los Comunes para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat para el próximo año, aunque ambas formaciones no están por la labor. Especialmente los republicanos han dejado clara su postura de no negociar nada con los socialistas hasta que no haya avances significativos en cuestiones como la financiación singular, el traspaso de Rodalies o la gestión del aeropuerto.

La portavoz ha insistido en que la voluntad del Govern es cumplir los acuerdos de investidura para avanzar en el ámbito presupuestario, aunque también ha recordado que, el ejecutivo no deja de estar en minoría y, por lo tanto, se necesitan acuerdos con otros grupos para conseguir esa aprobación.

Paneque ha rechazado poner fecha a cuando el Govern presentará su propuesta inicial, ni si pretenden presentarlos al Parlament con el acuerdo cerrado con sus socios, o sin que hayan cerrado su apoyo a los mismos, pero ha dicho que «lo deseable» es tener las cuentas aprobadas lo antes posible. Sin embargo, no se ha mostrado preocupada por la postura de ERC y Comunes, que no están por la labor de negociar.

Condonar pagos indebidos a extutelados

En otro de los acuerdos aprobados hoy por el Consejo Ejecutivo, el Govern ha dado luz verde a un decreto ley que hace efectiva la condonación de los pagos indebidos realizados por la extinta Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) a jóvenes ex tutelados en situación de vulnerabilidad.

Según Paneque, el decreto, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) y deberá ser ratificado por el Parlament, ya ha sido pactado con ERC y Comunes para garantizar su aprobación. La medida responde a un informe de la Sindicatura de Cuentas que detectó pagos indebidos por valor de 167 millones de euros en distintas prestaciones sociales. El 85% de los casos se deben a dilaciones administrativas que el Govern atribuye a limitaciones tecnológicas que no han permitido hacer un seguimiento correcto.

«Lo que vemos es una fotografía de un momento concreto que no es el actual», ha explicado Paneque, que ha aclarado que no se trata de irregularidades intencionales, sino de errores en el seguimiento. El objetivo es resarcir el 90% de los fondos, eximiendo de devolución a los casos de vulnerabilidad. La portavoz ha enfatizado que «no se exigirá la devolución del dinero a los jóvenes vulnerables, evitando que sean ellos quienes paguen las consecuencias del error de la DGAIA». Los pagos indebidos a jóvenes ex tutelados ascienden a 4,7 millones de euros.