La consejera de Interior, Núria Parlon, durante la presentación del Servicio de Atención y Apoyo a Personas Afectadas por el Terrorismo (SASPAT)
Cataluña
Las víctimas del terrorismo catalanas rechazan la oficina impulsada por Illa: «Nos vuelven a ningunear»
La Asociación Catalana de Víctimas Organizaciones Terroristas (ACVOT) ha mostrado su descontento y su decepción
La Generalitat ha reabierto el Servicio de Atención y Apoyo a las Personas Afectadas por el Terrorismo, SASPAT, una oficina que fue clausurada hace 13 años en plena crisis económica. Este servicio se ha presentado en un acto oficial en el Departamento de Interior esta misma semana, con el objetivo de «garantizar una atención empática y personalizada a las víctimas del terrorismo en Cataluña».
Sin embargo, la Asociación Catalana de Víctimas Organizaciones Terroristas (ACVOT) ha mostrado su descontento y su decepción porque, asegura, las instituciones catalanas han vuelto a ignorar las voces de los propios afectados.
De hecho, el presidente de esta entidad, José Vargas, ha enviado una carta a la Generalitat en la que lamenta que ese servicio se haya puesto en marcha sin haber consultado las voces de las propias víctimas, y que las instituciones catalanas hayan repetido el error de ningunearlas. En la misiva, se refiere al hecho de que se haya incluido como ponentes a personas como Roberto Manrique, Sara Bosch y Montserrat Fortuny, a pesar de las advertencias previas de la entidad.
Y es que, según la asociación, estas personas fueron rechazadas por la ACVOT por cuestiones de gestión cuestionable, falta de fiabilidad profesional y sospechas de uso inadecuado de recursos en ámbitos asociativos y terapéuticos. En concreto, se dice de ellos que son «personajes de poca fiabilidad formal y cuestionado criterio profesional, tanto en lo referente a la gestión del movimiento asociativo como terapéutico, así como en otras cuestiones relativas a la justificación, necesidad u oportunidad al realizar o camuflar económicamente determinadas disposiciones».
De hecho, José Vargas advierte que estas figuras buscan «rédito personal» en lo social, profesional o económico, y aspiran a posicionarse como representantes oficiales de la oficina, tal como intentaron en el pasado. Por esta, y otras cuestiones, el presidente de la ACVOT deja claro que «para bendecir sus legítimas operaciones del pasado y futuras pretensiones, no cuenten con nosotros».
Por todo esto, la ACVOT no solo ha rechazado la participación en el acto, sino que también ha hecho un llamamiento a revisar los criterios de colaboración, argumentando que la presentación de un proyecto de «tan elevada dimensión y exigible sensibilidad» no puede prepararse en unas horas ni con aliados controvertidos. La asociación reitera su compromiso con la «honorabilidad, entrega y buena praxis».
¿Qué es el SASPAT ?
El SASPAT se configura como un servicio público específico para atender a las víctimas del terrorismo, desde sus heridas físicas hasta las secuelas psicológicas y sociales que pueden perdurar durante décadas. Su objetivo principal es proporcionar una atención integral y coordinada, evitando el vacío administrativo que han sufrido muchas víctimas durante años. Aunque los detalles operativos se desplegarán progresivamente, la oficina se centra en ofrecer apoyo en procesos de recuperación, derivaciones a recursos especializados y una presencia institucional que reconozca el trauma de los afectados.
Su creación, dicen desde la Generalitat, se enmarca en el esfuerzo por alinear Cataluña con otras comunidades autónomas que ya cuentan con estructuras similares, y llega después de que fueran voluntarios y entidades privadas los que asumieron temporalmente esas funciones de apoyo, como ocurrió con la Unidad de Atención a Víctimas (UAVAT).
El origen del SASPAT se remonta al año 2010, cuando el Gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV) creó la Oficina de Víctimas del Terrorismo como herramienta para acompañar a las familias y heridos de acciones terroristas, como el atentado de Hipercor por parte de ETA. Sin embargo, solo dos años después, en 2012, el Gobierno de CiU presidido por Artur Mas decidió su cierre como medida de austeridad en medio de la recesión económica.
Esta decisión dejó un vacío que se hizo evidente con los ataques yihadistas de 2017, que causaron 16 muertos y cientos de afectados. Hasta la justicia, en la sentencia, reconoció que las víctimas «las grandes olvidadas» por falta de búsqueda sistemática y protección.
La reactivación del proyecto ganó impulso en 2024, durante el homenaje a las víctimas por el séptimo aniversario de los atentados de La Rambla y de Cambrils, donde las asociaciones reclamaron ante una treintena de políticos presentes la reapertura de la oficina, un protocolo de actuación tras un atentado o una ley autonómica de atención a las víctimas, entre otras cuestiones.