ACVOT pide al TJUE que la Audiencia Nacional se pronuncie antes de dictar una sentencia sobre la amnistía

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) ha solicitado formalmente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que el tribunal que elevó la cuestión prejudicial, la Audiencia Nacional, pueda pronunciarse sobre si la ley de amnistía fue o no una «autoamnistía», que es el término que introdujo el abogado de la Comisión Europea en la vista oral y que el Abogado General (AG) del TJUE, Dean Spielmann, recogió en su informe.

En un escrito que ha presentado la entidad, el abogado José María Fuster Fabra fundamenta su petición en los artículos 83 y 101 del Reglamento de Procedimiento del TJUE, que permiten al Tribunal, tras escuchar al Abogado General, ordenar la reapertura de la vista o pedir información adicional al órgano remitente cuando la información disponible resulte insuficiente o cuando se introduzcan elementos nuevos de especial relevancia.

El detonante de la reacción de ACVOT es un pasaje de las conclusiones del AG en el que este aborda, a instancias de esa referencia del abogado de la Comisión, si la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) podría considerarse o no una «autoamnistía». Según ACVOT, el AG afirma que no lo es, pese a que, indica el escrito, esta cuestión no había sido planteada por el juez español que remitió la cuestión prejudicial.

La asociación considera que este enfoque es «anómalo». Primero, asegura, porque el Abogado General está interpretando la ley española, cuando lo que debería hacer, es interpretar el derecho de la Unión. Además, se asegura que la consideración sobre si la Ley de Amnistía es un «pago político», sería una cuestión fáctica, no jurídica, y solo corresponde al órgano remitente determinar algo así.

Y también se insiste en que esta cuestión se planteó solo en la vista oral, sin permitir un debate completo entre las partes e interesados. Y la ACVOT considera que este elemento se ha acabado convirtiendo en un elemento esencial de las conclusiones del AG sin haber sido discutido.

De ahí que considere fundamental que la Audiencia Nacional pudiera pronunciarse sobre esta cuestión, antes de que el TJUE pueda dar «una respuesta útil», antes de la sentencia. Por este motivo, la asociación sostiene que concurren los requisitos del Reglamento para solicitar una clarificación al órgano judicial español y, posteriormente, la reapertura de la fase oral para permitir que las partes debatan sobre ese nuevo elemento.

Las prejudiciales

El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional llegaron al TJUE por caminos distintos, pero convergentes. El primero preguntó si la ley puede borrar las responsabilidades contables derivadas del gasto público empleado en el referéndum del 1 de octubre de 2017, cuando altos cargos del Govern, entre ellos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raúl Romeva o Dolors Bassa, habrían destinado fondos públicos a la logística del referéndum ilegal del 1 de octubre.

La Audiencia Nacional, por su parte, planteó un problema distinto, pero más sensible: la compatibilidad de la amnistía con la legislación europea en materia de terrorismo, en el marco de la Operación Judas, en la que doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) están procesados por pertenencia a organización terrorista.