Sánchez presume de tolerante con una lona en catalán en Gran Vía mientras Illa veta el español en los negocios

Bajo el lema 'La democracia es tu poder', el Gobierno quiere conmemorar los 50 años de democracia en España. Para ello, no ha dudado en colgar una lona, en catalán, en plena Gran Vía de Madrid, con el objetivo, dicen desde el ejecutivo, de reivindicar el derecho de los ciudadanos a hablar y a estudiar en su lengua materna.

Y, en la misma línea, ha insertado un anuncio en medios de comunicación en los que se reivindica, entre otras cuestiones, «poder creer en Dios. Poder no creer»; «poder ser nacionalista, progresista o conservador» y, por supuesto, «poder estudiar en tu lengua».

Un mensaje que no ha pasado desapercibido, pero las entidades que defienden el bilingüismo en Cataluña, como es el caso de Escuela de Todos, que ha dejado claro que «el Gobierno de España nos recuerda que poder estudiar en tu lengua en tu propio país, es DEMOCRACIA. Lástima que no haga nada por cumplirlo, cuando tu lengua es el español, nuestra lengua común».

Y, no se cumple cuando se trata del español en catalán. Sin ir más lejos, hace solo unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña volvía a dar otro revés a la Generalitat al anular algunos aspectos de las instrucciones de la Consejería de Educación a los centros escolares, en concreto relativos a cuestiones lingüísticas. Según el tribunal, no se puede considerar al catalán como la única lengua que garantiza la cohesión del aula, que es lo que recogía este documento.

El TSJC, hace unos meses, también anulaba varios artículos claves del Decreto de régimen lingüístico educativo de la Generalitat, por el que el Govern situaba al catalán como lengua vehicular en las escuelas e institutos y que, de facto, suponían la exclusión del castellano del ámbito escolar.

Así, por ejemplo, se anulaba el aspecto que impone el catalán como lengua vehicular en todas las etapas educativas y en todos los ámbitos; que se establecieran medidores, pero solo para calibrar la presencia del catalán, mientras no se puede garantizar un uso «equilibrado» del español; y también se anularon los artículos que obligaban a las direcciones de los centros educativos públicos y concertados a garantizar el catalán como lengua vehicular de la enseñanza.

Persecución a comercios

Y después está el ámbito empresarial y comercial. La Generalitat ha duplicado las inspecciones para controlar a aquellos comercios que no rotulan en catalán. Recordemos que la normativa, en Cataluña, establece que «la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público tienen que estar redactados, al menos en catalán».

Durante el año pasado, el Gobierno de Salvador Illa impuso más de 200 multas a establecimientos por cuestiones lingüísticas, y recaudó con ello algo más de 400.000 euros. Las multas, que pueden llegar hasta los 10.000 € en casos graves, afectaron principalmente a hostelería, farmacias y otros comercios. Aunque hubo más de 1.200 denuncias, solo una pequeña parte se tradujo en sanción.

El presidente de la Generalitat, socialista como el gobierno de Pedro Sánchez, que defiende comunicarse en su lengua materna, se ha alineado con el separatismo en este aspecto, y ha aprobado un plan para impulsar el uso del catalán en el ámbito empresarial y comercial, en el que se deja claro que «es necesario garantizar activamente el cumplimiento de la legislación en materia de derechos lingüísticos, especialmente en la empresa y en el comercio, como por ejemplo la rotulación, etiquetado, atención al público, oferta de servicios». Y no hay que perder de vista que se ha fomentado, con el visto bueno de la consejería de Universidades y de Salud, las delaciones a profesores o sanitarios que no utilicen el catalán.

Y lo mismo sucede en el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado también por un socialista, por Jaume Collboni. La ciudad se ha adherido al Pacto Nacional por la Lengua y también ha nombrado una comisionada municipal del Uso Social del Catalán, gracias a un acuerdo con ERC. Se llama Marta Salicrú, y ha hecho toda una declaración de intenciones: va a velar porque se garantice los «derechos lingüísticos» de los ciudadanos, y también va a revisar la inspección a los negocios para combatir «casos de catalanofobia».

O, lo que es lo mismo, veladamente apunta a que habrá multas y sanciones. Y, mientras tanto, se va a destinar 150.000 euros para una línea de subvenciones específica para fomentar el uso del catalán.