Arranca el histórico juicio al clan Pujol con la duda de si el tribunal eximirá al patriarca de ser juzgado

Han pasado 11 años desde que Jordi Pujol hundiera su reputación y su legado, confesando que había mantenido una fortuna oculta en el extranjero durante años. 11 años desde que, tras ser descubierto por una investigación del diario El Mundo, se quebrase definitivamente su imagen de pal de paller de Cataluña, patriarca de un clan antaño todopoderoso y que este lunes se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional para un juicio largamente esperado.

El núcleo del juicio es dilucidar el origen de esta fortuna escondida en países como Andorra y otros paraísos fiscales: mientras que la familia sostiene que esta viene de una herencia del iaio Florenci, sabiamente administrada, la Fiscalía defiende que es el fruto de una compleja trama de presunto cobro de comisiones tejida durante 23 años al frente de la Generalitat de Cataluña, en un clima de impunidad que se percibía como total.

En concreto, el juicio se centrará en determinar cómo amasaron los Pujol los 126 millones de las antiguas pesetas –757.300 euros– que cada uno de los siete hermanos y la madre cobró en el año 2000. La tesis de la acusación es que el dinero procede de las comisiones pagadas a la familia por empresarios afines a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a cambio de adjudicaciones y contratos públicos de administraciones controladas por el partido.

Por eso, también se sientan en el banquillo, con peticiones de 5 años de cárcel. Por su parte, el propio Jordi Pujol se enfrenta a hasta 9 años de cárcel, dado que la Fiscalía le coloca en la cumbre de la supuesta asociación ilícita para repartirse con los empresarios los beneficios obtenidos con los concursos amañados.

Para sus siete hijos, las penas pedidas por la acusación van de los 8 a los 29 años de cárcel. Además, en la cúspide de la trama también se sitúa a la esposa de Jordi Pujol, Marta Ferrusola –la «madre superiora», según una nota manuscrita–, fallecida en julio de 2024, y que fue exculpada en mayo de 2021 por padecer demencia.

Una fortuna oculta

Al margen del matrimonio, el principal acusado en el juicio es el hijo mayor de ambos, Jordi Pujol Ferrusola, que asumió la gestión de los fondos de Andorra en 1990, y en el año 200 repartió 126 millones de pesetas a cada miembro de la familia, excepto a su padre. Estos estuvieron sacando dinero en metálico desde 2011 hasta acabar regularizando su patrimonio en 2014, lo que provocó la citada confesión.

No hay debate sobre la existencia de ese capital, que las comisiones rogatorias han acreditado que los Pujol tuvieron en Banca Reig, después en Andbank y finalmente en la Banca Privada de Andorra (BPA), sino en cómo fue engordando hasta alcanzar lo que el juez instructor, José de la Mata, calificó de «desmedido patrimonio».

Sin aportar nunca documento alguno que acredite ese legado, la familia ha insistido ante la justicia en que los 140 millones de pesetas –en dólares– que les dejó Florenci Pujol se alimentaron de una galopante inflación y varias devaluaciones de moneda hasta alcanzar los 500 millones de pesetas –3 millones de euros– en diez años.

Según esta versión, la gestión financiera de Jordi Pujol Ferrusola, habría logrado multiplicar el capital por siete en una década. Su argumento no ha convencido a los tribunales y tampoco a la Fiscalía, que cree que el motivo por el que los Pujol ocultaron su patrimonio en Andorra no era otro que el de camuflar que provenía de la corrupción.

Es más, la Fiscalía considera que el papel de Pujol Ferrusola no solo era cobrar las comisiones, sino también blanquearlas mediante sociedades instrumentales y operaciones en el extranjero y repatriar después el dinero para, ya lavado, repartirlo entre su familia. En esas operaciones de blanqueo, el conocido como «Junior» habría contado con la colaboración de su esposa, Mercè Gironès, para quien piden 17 años de cárcel, y de su hermano Josep, que afronta 14.

Los fondos de los Pujol permanecieron ocultos en bancos andorranos durante al menos 20 años, sin tributar en España, de lo que se deriva otro delito contra la Hacienda pública, aunque ha prescrito. Es el caso del expresidente catalán, ya que durante la investigación se halló una cuenta en Andbank, acompañada de un documento en el que asumía ser el titular de 307 millones de las antiguas pesetas –1,8 millones de euros– ingresadas en 2000.

Hacienda cifró este fraude en 885.651 euros, pero lo consideró prescrito. Jordi Pujol Ferrusola y Gironès, en cambio, sí deberán responder por cinco ejercicios de presunto fraude fiscal, entre 2007 y 2012, que Hacienda cifra en 7,7 millones de euros.

El resto de hermanos acabaron cerrando sus cuentas en Andorra en 2014, tras regularizar su situación tributaria gracias a la amnistía fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012. Josep Pujol, sin embargo, lo hizo de forma incompleta y trató de canalizar los fondos ocultos hacia México, según las acusaciones, por lo que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado le acusan de fraude fiscal en el ejercicio 2010.

¿Pujol será juzgado?

Todo lo anterior se empezará a juzgar este lunes, en un juicio que se prevé largo: no se espera que concluya hasta mayo de 2026. Una de las principales incógnitas es la de saber si Jordi Pujol se sentará en el banquillo o si la Audiencia Nacional lo eximirá de ser juzgado. El tribunal ha citado por videoconferencia al exdirigente nacionalista y a los médicos forenses que le examinaron para juzgar si está en condiciones de afrontar el proceso.

En las últimas semanas, la defensa pidió un informe forense para determinar si Pujol puede ser eximido del juicio. Los médicos que le examinaron concluyeron que el expresidente catalán, de 95 años, sufre un «deterioro cognitivo moderado», por lo que no está «en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio» ni dispone de «capacidad procesal» para defenderse.

De ser exculpado Jordi Pujol, el juicio quedaría huérfano de una de sus piezas esenciales, pero seguiría adelante juzgando al resto del clan.