La Generalitat espera tener las conclusiones para prohibir la compra especulativa de vivienda a principios de 2026

El Govern quiere tener listo durante el primer trimestre de 2026 el documento que debe definir cómo afrontar una posible prohibición de la compra especulativa de vivienda en Cataluña.

La consejera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, ha confirmado, tras la reunión del Consejo Ejecutivo, que el grupo de trabajo creado junto a los Comunes quedará constituido oficialmente este miércoles y comenzará de inmediato a examinar el informe encargado al Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

La previsión es mantener reuniones semanales, «todas las que hagan falta» hasta cerrar unas conclusiones consensuadas, ha precisado Paneque. El objetivo del Govern es determinar si el marco competencial catalán permite introducir límites a aquellas operaciones que, según Territorio, tienen un carácter puramente financiero y contribuyen a tensionar aún más los precios, especialmente en zonas donde el acceso a la vivienda se ha vuelto prácticamente imposible para los residentes.

Fuentes del departamento han explicado que los informes analizarán varias vías: desde la imposición de un periodo mínimo de tenencia antes de revender un inmueble hasta restricciones a las compras masivas por parte de fondos de inversión o de personas jurídicas que no destinen las propiedades a un uso residencial real.

Paneque ha insistido en que la finalidad no es intervenir el mercado, sino proteger el derecho a una vivienda digna. «Se trata de evitar que la especulación acabe expulsando a los vecinos de sus barrios», ha subrayado. La consejera enmarca este debate en la estrategia global del Govern, que ya incluye la ampliación del parque público, los topes al alquiler, el régimen sancionador y la creación del registro de grandes tenedores.

Precisamente este registro, previsto para finales de noviembre, se retrasará unos días debido a los cambios introducidos tras la exposición pública del texto. Paneque ha explicado que, para reforzar su seguridad jurídica, será necesaria una segunda exposición más breve, de siete días.

Preocupación en el sector promotor

La iniciativa ha despertado inquietud en el sector inmobiliario. La Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) advierte de que medidas «ambiguas o mal diseñadas» podrían generar inseguridad jurídica y frenar la inversión en vivienda. Reclaman que cualquier limitación vaya acompañada de incentivos que impulsen la oferta de vivienda asequible, y no solo de prohibiciones.

El Govern, en cualquier caso, sigue insistiendo en uno de los temas más sensibles de la política catalana: cómo frenar la especulación sin frenar la inversión, y cómo garantizar el acceso a la vivienda en un mercado cada vez más tensionado. El trabajo técnico que comienza ahora será determinante para saber hasta dónde puede llegar Cataluña en este terreno y qué medidas concretas podrían aplicarse a partir de 2026.