Cataluña insiste en discriminar al español en las aulas: «Se ha instruido un régimen asfixiante»

Pese a que, desde el inicio de la legislatura, el gobierno de Salvador Illa ha venido presentándose como adalid de la normalización de Cataluña, en el campo educativo lo que se ha normalizado es el enfoque marcado por los ejecutivos independentistas previos, con la marginación del español en las aulas y la consagración del catalán, en la práctica, como única lengua curricular.

Se trata de una línea que el ejecutivo socialista pretende mantener, según se desprende de la respuesta parlamentaria a una batería de preguntas formuladas por el PP, a la que ha tenido acceso El Debate. En la respuesta –firmada por la consejera de Educación, Esther Niubó–, se confirma como hecho consumado que el catalán es la «lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo».

Esto comporta, sigue Niubó, que se usa –y seguirá usando– el catalán «tanto en las actividades orales como en las escritas, así como en el material didáctico, los libros de texto y las actividades de evaluación», relegando el español como «excepción» a las materias de lengua y literatura castellanas y de lengua extranjera.

Coacción a los profesores

A una pregunta sobre qué le parece a Niubó que «miembros de la inspección educativa de la Generalitat participen activamente en la coacción de docentes por el uso del castellano» –una denuncia que hicieron hace unas semanas las entidades Docentes Libres y la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), como explicó El Debate–, la consejera despacha el asunto diciendo que «no consta ninguna queja registrada» sobre este particular.

Además, también asegura que «ningún criterio u orientación» de Educación recoge la directiva de «controlar» y «puntuar negativamente» a los alumnos que usen el español en sus interacciones informales. No obstante, Niubó sí que señala que los docentes «deben emplear habitualmente el catalán», y considera que esto justifica que la Generalitat impulse «las acciones necesarias» para «garantizar la competencia lingüística» del profesorado.

En su respuesta, Niubó recuerda que los colegios «deben elaborar un proyecto lingüístico» como parte del proyecto educativo. Cabe señalar, no obstante, que estos planes lingüísticos de centro pueden incluir directivas como prohibir que el profesorado use el español, tal y como consta en el proyecto «valiente» que la entidad nacionalista Red de Familias por el Catalán (RFC) presentaba como «ejemplar», y que aseguran que tiene el aval del gobierno de Illa.

Talleres lingüísticos

La consejera de Educación también hace referencia a los talleres de sensibilización sobre los usos lingüísticos en el ámbito educativo (ULAE), que asegura que «no discriminan ni a los docentes ni a los alumnos castellanoparlantes», sino que buscan «garantizar el derecho de los alumnos» de conocer la lengua catalana, «junto con la castellana». Niubó señala que se han realizado 1.995 de estos talleres ULAE, y que para cada uno se han destinado 1.300 euros.

Para el PP, esto último supone que «el Govern reconoce que ha extendido talleres de activación del catalán a casi 2.000 centros y que condiciona subvenciones a que estos programas ideológicos se apliquen». Así lo constata el diputado popular en el Parlament, Cristian Escribano, que lamenta que estas medidas «premian la obediencia; castigan la discrepancia».

Escribano señala que las respuestas de Niubó «confirman lo que denunciamos desde hace años», que en Cataluña «se ha construido un régimen lingüístico asfixiante», avalado por el actual gobierno socialista, «que recorta libertades y condena a los castellanohablantes a ser ciudadanos de segunda». Para el diputado, lo que Niubó considera normalidad «en realidad es imposición y vulneración de derechos».

Los populares destacan que, para ellos, «el catalán es una riqueza, pero jamás será una mordaza». «Cataluña necesita libertad y calidad, no un aparato ideológico disfrazado de política educativa», zanja Escribano.