Operación «Nihari»: así fue el macrodispositivo que destapó el fraude eléctrico masivo en los supermercados 24 horas de Barcelona

La escena se repitió a primera hora del pasado 2 de diciembre en seis distritos distintos de Barcelona: agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Guardia Urbana irrumpían de forma coordinada en varios supermercados, muchos de ellos abiertos 24 horas, para iniciar una de las operaciones de inspección más amplias que se recuerdan en el pequeño comercio de la ciudad. Detrás de aquel despliegue, bautizado como operación «Nihari», había meses de trabajo de inteligencia centrado en un posible fraude energético sistemático.

La hipótesis no tardó en confirmarse. En 24 de los 26 establecimientos inspeccionados, los técnicos de Endesa detectaron enganches ilegales a la red eléctrica general, conexiones clandestinas que permitían a los comercios funcionar sin pagar por la energía consumida. El fraude acumulado se calcula en 2,85 millones de kilovatios, una cantidad equivalente al gasto anual de 814 viviendas. La magnitud del hallazgo llevó a la Guardia Civil a investigar a 26 personas, de nacionalidad pakistaní y bangladesí, como presuntas autoras de delitos de defraudación de fluido eléctrico.

El dispositivo arrancó de manera simultánea por la mañana. Participaron 66 agentes de la Guardia Civil, 35 de la Guardia Urbana, 18 de la Policía Nacional, 11 inspectores y subinspectores de Trabajo y 33 técnicos de Endesa. Los locales se encontraban repartidos por Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Gràcia, Eixample y Ciutat Vella.

La intervención técnica fue clave. Según Endesa, las conexiones irregulares representaban un riesgo extremo: instalaciones sin aislamiento, sin protecciones obligatorias y con sobrecargas capaces de provocar incendios. Por su ubicación , bajos comerciales de edificios residenciales muy transitados, un siniestro podría haber afectado directamente a vecinos y clientes. En todos los locales donde se detectó fraude, el suministro eléctrico fue interrumpido de inmediato.

Infracciones en cadena

A medida que avanzaba la inspección, se evidenció que el fraude eléctrico era solo la punta del iceberg. La Guardia Civil abrió 16 expedientes administrativos por irregularidades que afectaban al consumo, la seguridad y la protección de datos.

Entre ellas, el etiquetado incorrecto de productos; venta de alimentos caducados; básculas manipuladas para alterar el pesaje; ausencia del carné de manipulador de alimento; irregularidades en videovigilancia; tickets sin datos del empresario y posible contrabando de mercancía. En algunos locales también se detectaron infracciones relacionadas con la legislación antitabaco.

Por su parte, la Guardia Urbana contabilizó 87 infracciones más: problemas en salidas y señalización de emergencia, baños impracticables, falta de extintores, venta indebida de alcohol, alimentos en mal estado y actividad comercial sin licencia, entre otras. Los servicios municipales recibieron la información necesaria para proceder al control y destrucción de los productos no aptos para su distribución.

Explotación laboral

La Policía Nacional identificó a 59 personas durante el operativo. Cinco de ellas fueron reconocidas como víctimas de explotación laboral, en el marco de posibles delitos contra los derechos de los trabajadores y la inmigración. Otros cinco trabajadores se encontraban en situación irregular, lo que ha motivado la apertura de expedientes por la Ley de Extranjería y sanciones a las empresas implicadas por contratación sin autorización. Mientras tanto, la Inspección de Trabajo ha detectado, hasta ahora, 23 infracciones en materia laboral y de Seguridad Social.

La operación «Nihari» ofrece una imagen cruda de una parte del comercio de proximidad que, en plena expansión y con horarios de 24 horas, opera en ocasiones con márgenes muy bajos, personal vulnerable y estructuras empresariales opacas o extremadamente fragmentadas.

Los supermercados inspeccionados, muchos de ellos bajo fórmulas de franquicia y de conocidas cadenas, combinan largas jornadas laborales, precios competitivos y costes reducidos. El fraude eléctrico, según la investigación, habría sido una vía recurrente para sostener este modelo a costa de la seguridad y de la legalidad.

Y ahora, ¿qué?

Las diligencias penales por fraude eléctrico siguen abiertas. A nivel administrativo, los expedientes serán tramitados por los distintos organismos competentes, incluyendo Ayuntamiento, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y las áreas de Consumo y Sanidad alimentaria.

La operación deja al descubierto un problema de fondo: la falta de control regular en algunos comercios de horario extendido y la vulnerabilidad laboral de parte de su mano de obra.