Caza de brujas contra un árbitro para imponer la ley del silencio en el fútbol catalán

La Federación Catalana de Fútbol (FCF) continúa su campaña represiva contra las personas que no están de acuerdo con la deriva que lleva actualmente. Recordemos que el historial incluye el presunto fraude llevado a cabo en dos ocasiones en las elecciones a presidente, la presunta falsificación de actas, impedir una Asamblea General, impedir una repetición de elecciones, la venta fraudulenta de carnets de entrenador, llamadas telefónicas a presidentes amenazándolos, denuncias, y un largo etcétera de cosas.

Pues bien, ahora le ha tocado el turno a un arbitró de fútbol sala, Antonio Castillo Lopo, que ha sido expedientado por un hecho pueril, pues lo ha sido vulnerando su libertad de expresión, la privacidad de los mensajes. Dicho de otra manera, la FCF sigue a todos aquellos que son contrarios a su gestión y está empezando a sancionar a los contrarios, esperando que los otros se callen por miedo a las represalias.

Castillo ha sido objeto de dos sanciones en menos de un año por la FCF. Esto, a nivel deportivo, supone dos años de inhabilitación y la detracción de 0,60 puntos. Estas sanciones no obedecen a hechos objetivos sino a una represalia por haber denunciado la pérdida de designaciones, haber elevado su queja al servicio de inspección del Consejo Catalán del Deporte (CCD), y haber colaborado como informante en la investigación policial, sobre la presunta falsificación de carnets de entrenador.

Esta información, que publicó El Debate, puso de relieve una cadena de intermediarios y la presunta circulación de carnets falsos. Este hecho ha motivado denuncias ante los Mossos d’Esquadra y su repercusión ha obligado a abrir diligencias. Antonio Castillo ha aportado a la investigación información clave para el desarrollo de las pesquisas.

Persecución contra un árbitro

La persecución contra este árbitro se inició en mayo de 2025. El 17 y 18 de ese mes fue la última vez que recibió designaciones para arbitrar. A finales de ese mes renovó su licencia y, desde entonces, no ha vuelto a arbitrar ningún partido de fútbol sala. Antonio Castillo pidió explicaciones a la FCF sobre lo que estaba ocurriendo.

Esta le respondió con evasivas. Teniendo en cuenta esto, decidió elevar su caso al CCD, el 22 de septiembre de 2025, en carta dirigida a Carme Bastida, su directora. En ese momento le abrieron un expediente por unos hechos que, supuestamente, sucedieron en agosto y septiembre de 2025. Esto significa que, de mayo a agosto lo privaron de designaciones sin causa justificada.

El tema del mes de agosto va relacionado con el hecho de que Castillo reposteó una publicación en X de Oscar Benítez en el que denunciaba «las puertas giratorias del deporte». Y sobre este argumento le abrieron expediente, sin tener en cuenta el carácter privado de los mensajes, ni la libertad de expresión.

Según el expediente de la FCF, el 22 de septiembre envió un correo electrónico, sin añadir nada más. Además le acusan de difundir mensajes de Whatsapp críticos con la FCF, básicamente noticias sobre casos de corrupción que acechan a la actual dirección federativa. Como hemos dicho el silencio del expediente es contundente, pues no se informa del origen del correo, de los whatsapps, ni el origen de estos mensajes, ni el contenido integro de la conversación supuestamente incriminatoria. Lo único que queda claro es el repost al mensaje de Benítez.

Segundo expediente

El segundo expediente está vinculado al pago del carnet y la ropa. Este tenía que haberlo hecho antes del 30 de septiembre. ¿Por qué no lo hizo? Antonio Castillo solicitó al secretario del Comité Técnico de Árbitros de Fútbol Sala (CTAFS), David Sagrera, que le habilitara la posibilidad de pago, para poder ser designado, teniendo en cuenta que no había suspensión cautelar y el motivo del impago era debido al error invencible de creer que no se había renovado su licencia por no haber sido designado árbitro desde mayo de 2025.

David Sagrera se negó a aceptar el pago, imponiéndole una nueva sanción, de facto, de la privación indefinida de designaciones. Esta doble sanción representa un claro abuso de derecho y de autoridad.

Referente al tema de los carnets falsos, el 16 de octubre de 2025 Antonio Castillo pidió a la Oficina Antifraude de Cataluña que se le otorgara la condición de persona protegida, teniendo en cuenta que había aportado información a los Mossos d’Esquadra sobre la existencia de esta presunta trama de falsificación de documentos, que implicaría a varios cargos federativos.

Curiosamente, los dos expedientes disciplinarios se interpusieron después de denunciar su situación ante la Inspección Deportiva y después de poner en conocimiento de la policía el tema de la presunta falsificación de carnets.

Su reclamación es que le vuelvan a designar partidos y que los organismos públicos actúen contra, lo que él considera, la instrumentalización de la FCF por parte de unos pocos, que hacen y deshacen con total impunidad.