Seis años después de la explosión de IQOXE, el juicio contra la cúpula de la empresa sigue sin fecha

Seis años después de la explosión en la planta química de IQOXE, en La Canonja (Tarragona), ocurrida el 14 de enero de 2020 y que causó tres víctimas mortales, el juicio de la pieza principal del caso continúa sin fecha. Según ha confirmado la Fiscalía de Tarragona, es «imposible» que la vista oral se señale durante este año, ya que desde que la causa llegó a la Audiencia Provincial, el pasado mes de julio, no se ha realizado ningún trámite para fijar el calendario.

El accidente provocó la muerte de dos trabajadores de la empresa y de un vecino del barrio de Torreforta, en Tarragona, tras una fuerte explosión en una de las instalaciones de la planta. El suceso generó una profunda conmoción en el Camp de Tarragona y reavivó el debate sobre la seguridad del complejo petroquímico.

La pieza principal del procedimiento debe juzgar a tres ex directivos de IQOXE: el exdirector general José Luís Morlanes, el exdirector de planta Juan Manuel Rodríguez Prats y el responsable de seguridad en el momento de los hechos, Gerard Adrio. En noviembre de 2023, la Fiscalía hizo públicas sus conclusiones provisionales y solicitó once años de prisión para cada uno de ellos.

En concreto, pide seis años por un delito de homicidio imprudente, tres años por el funcionamiento habitual de la empresa en condiciones inadecuadas de seguridad y dos años más por un delito contra los derechos de los trabajadores. Además, reclama para la empresa, como persona jurídica, una multa de 900.000 euros y seis años de intervención judicial.

El caso se divide en varias piezas separadas que continúan su tramitación. La pieza medioambiental, relacionada con los vertidos al mar, sigue en fase de instrucción, a la espera de que vuelvan a declarar agentes de los Mossos de Esquadra que elaboraron informes remitidos al Instituto Nacional de Toxicología, con el objetivo de concretar el origen de los datos utilizados. Por otro lado, la pieza relativa al uso de un reactor presuntamente clandestino, el U-350, fue enviada a juicio en mayo de 2024, aunque tanto las defensas como el Ministerio Fiscal han presentado recursos contra esa decisión.

Coincidiendo con el sexto aniversario del accidente, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT) ha vuelto a exigir que no se retrase más la celebración del juicio. Su presidente, Alfonso López, ha advertido de que el proceso debería haberse celebrado ya y ha denunciado que la justicia llega «demasiado tarde» en un caso de esta gravedad. Según López, las víctimas y sus familiares no podrán cerrar esta etapa hasta que se celebre el juicio, pese a que ya se hayan alcanzado acuerdos con la empresa.

Las entidades vecinales también reclaman un plan de seguridad industrial «serio» para todo el sector químico, que no esté subordinado a intereses económicos y que obligue a todas las empresas del complejo petroquímico a cumplir los mismos estándares. Seis años después de la explosión de IQOXE, el juicio sigue siendo una asignatura pendiente para las víctimas y para el territorio.