Un dictamen concluye que el registro de grandes propietarios de Illa pide datos «desproporcionados»

El gobierno de Salvador Illa publicará próximamente un decreto para crear un registro público de «grandes tenedores»; esto es, de personas físicas o jurídicas con más de cinco propiedades inmobiliarias en «zonas tensionadas» de Cataluña. El decreto se podrá consultar en la web de la Agencia Catalana de la Vivienda (ACV) y permitirá que cualquiera pueda comprobar cuántas propiedades tiene alguien con solo introducir un dato simple, como el DNI, el NIF o su nombre.

En concreto, Illa proyecta la creación de dos registros: el de grandes tenedores y otro para contabilizar las viviendas vacías u ocupadas sin contrato. La iniciativa forma parte de los acuerdos entre el gobierno catalán y sus socios de extrema izquierda, los Comunes, y ha generado controversia, ya que hay quien considera que puede convertirse en un reclamo para okupas, al dar a conocer qué viviendas en Cataluña no están habitadas, como señalaba en El Debate el analista Joan López.

No es la única crítica que ha recibido el decreto. Esta semana se ha publicado el dictamen emitido por el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC), un organismo consultivo y de asesoramiento del gobierno de la Generalitat integrado por miembros de los principales sindicatos y patronales de Cataluña, así como por entidades del tercer sector o agrupaciones del sector primario.

«Desproporcionados»

En el documento, al que ha tenido acceso El Debate, el CTESC advierte de que algunos de los datos que el gobierno de Illa reclamará a los propietarios en los dos registros «pueden ser desproporcionados y generar una carga administrativa innecesaria». El CTESC pide que justifiquen «de manera exhaustiva» los motivos por los cuales recopilar estos datos es «estrictamente necesario» para conseguir el objetivo que persigue la norma.

Algunos de los datos que exigirá la Generalitat incluyen la ubicación, la referencia catastral y la superficie útil de los inmuebles, así como el estado de la vivienda; por ejemplo, si es habitable o si está pendiente de rehabilitar, en el caso de los pisos vacíos. El CTESC también reclama que se «anonimicen» los datos personales de las personas físicas incluidas en el registro de pisos vacíos.

El documento apunta, además, que al texto de la norma le falta un apartado sobre el régimen de inspección. Sin inspectores, dice, ambos registros se pueden volver «inoperantes». Cabe recordar que las sanciones previstas por incumplir las obligaciones ligadas a estos pueden alcanzar los 90.000 euros.

El dictamen también recomienda dividir en dos decretos los dos registros, ya que tienen finalidades, sujetos obligados y regímenes jurídicos «claramente diferenciados», y que se deberían «clarificar» los plazos de suministro de la información, especialmente para pymes, pequeños promotores y administradores que no sean profesionales, «para garantizar la proporcionalidad y seguridad jurídica».

Las críticas de Foment

El dictamen, por último, incluye los votos particulares de las patronales Pimec y Foment del Treball. Este último es particularmente duro con el registro impulsado por Illa y los Comunes, considerando que debería ser una ley, y no un decreto, ya que define aspectos «esenciales», como las obligaciones de los propietarios.

Además, la patronal presidida por Josep Sánchez Llibre –que también ha criticado abundantemente otra de las medidas polémicas de Illa en relación a la vivienda, como es la prohibición de la compra para invertir– ve «desproporcionada» la información que se pide a los grandes tenedores. Aseguran que «incluso es posible que no la tengan los operadores públicos a su alcance en el caso del alquiler de vivienda pública».

El registro afectaría a aquellos que tengan cinco o más viviendas en «zonas tensionadas» de Cataluña, o diez en toda España, si al menos una de ellas está en territorio catalán. Para Foment, recoger información sobre bienes situados fuera de Cataluña supone una «extralimitación competencial», ya que sobrepasa el ámbito territorial autonómico.

Ahora la pelota está en el tejado de Illa, ya que el dictamen del CTESC es preceptivo, pero no vinculante. Será la Generalitat quien decida si atiende o no a las recomendaciones planteadas por el organismo.