Illa quiere obligar a propietarios de toda España a dar sus datos si tienen al menos un piso en Cataluña

El decreto que prepara el gobierno de la Generalitat de Cataluña para crear un registro público de «grandes tenedores» de vivienda y otro sobre viviendas vacías u okupadas ha provocado un reguero de críticas por sus implicaciones. Por un lado, como explicó El Debate, el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC) ha emitido un dictamen en el que advierten que algunos de los datos que pedirá el Ejecutivo liderado por Salvador Illa «pueden ser desproporcionados y generar una carga administrativa innecesaria».

En concreto, el proyecto que prepara el gobierno catalán incluye la obligación de informar de datos como la ubicación, la referencia catastral o la superficie útil de los inmuebles. En su dictamen, el CTESC pide que justifiquen «de manera exhaustiva» los motivos por los cuales recopilar estos datos es «estrictamente necesario» para conseguir el objetivo que persigue la norma.

Sin embargo, no es la única crítica que enfrenta el proyecto del gobierno autonómico, fruto de un acuerdo con los Comunes. Otra de las preocupaciones, señalada por la patronal Foment del Treball en un voto particular incluido al final del dictamen, es que la Generalitat esté excediéndose en sus competencias, ya que el decreto en preparación no sólo obligaría a inscribirse en el registro a las personas físicas o jurídicas con más de cinco viviendas en zonas tensionadas de Cataluña, sino también a aquellos que tengan más de diez en toda España, si al menos una de ellas está en territorio catalán.

«Extralimitación competencial»

«Recoger información sobre bienes situados fuera de Cataluña supone una extralimitación competencial, dado que las competencias de la Generalitat de Cataluña se han de ejercer dentro de su ámbito territorial», apuntan desde Foment. En conversación con El Debate, el profesor de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Abat Oliba CEU Adolfo Lucas confirma la validez de la crítica elevada por la patronal.

«Tienen toda la razón del mundo, se están extralimitando en sus competencias», señala el jurista, apuntando que «amenazar con una sanción a una persona que no necesariamente viva en Cataluña, ni sea catalán, y que tenga la mayoría de sus propiedades fuera de Cataluña me parece, como mínimo muy discutible».

Para Lucas, el recorrido jurídico de la norma no está nada claro. «Creo que es claramente recurrible, porque la Generalitat no es competente para regular cosas con el único requisito de tener una vivienda en Cataluña, y porque se incumplen bastantes temas de protección de datos personales», apunta.

Un previsible recurso a este decreto en cuanto sea aprobado se sumará a los ya anunciados por parte de Foment y del PP ante el Tribunal Constitucional en relación a otra de las medidas polémicas de la Generalitat en materia de vivienda: la prohibición de la «compra especulativa» a grandes tenedores.

Desde el Govern aseguraron al presentarla que contaban con cuatro informes jurídicos avalándola, pero Lucas lo desdeña –«si quieres que te consiga cinco informes de expertos, te los consigo mañana», ironiza– y asegura que la norma va en contra de aquello que fija como objetivo, que es facilitar el acceso a la vivienda. «Lo que hace es cargarse el mercado de alquiler», lamenta.