Abogados del Parlament cuestionan la nueva ley catalana para fiscalizar a las empresas en el exterior

La norma para crear el Centre Català d’Empresa i Drets Humans choca, según un informe jurídico interno, con el derecho europeo y estatal, y ha sido impugnada por PP y Junts ante el Consell de Garanties Estatutàries, lo que ha obligado a frenar su aprobación prevista esta semana en el Parlament.

La advertencia de los servicios jurídicos del Parlament, adelantada a partir de la documentación a la que ha tenido acceso Crónica Global, pone en duda la compatibilidad de la ley catalana que pretende vigilar a las empresas con actividad en el extranjero con la normativa mercantil estatal y la nueva Directiva europea sobre diligencia debida. El pleno de la Cámara debía votar este miércoles la creación del Centre Català d’Empresa i Drets Humans, pero las impugnaciones de PP y Junts ante el Consell de Garanties Estatutàries han forzado la suspensión del trámite mientras el órgano consultivo analiza las objeciones legales.

Un nuevo organismo para investigar a empresas catalanas

La proposición de ley, impulsada por PSC, ERC, Comuns y CUP, plantea la creación de un organismo público encargado de investigar a empresas catalanas con actividad en terceros países cuando se denuncien posibles vulneraciones de derechos humanos en sus cadenas de valor. El centro actuaría a partir de denuncias y, al no disponer la Generalitat de competencias sancionadoras en materia mercantil internacional, solo podría multar a las compañías que no respondan a sus requerimientos de información o lo hagan de forma incompleta.

El régimen sancionador previsto fija multas de hasta 50.000 euros en los supuestos más graves, ya sea por obstaculizar las investigaciones o por acumular tres infracciones leves, como contestar de forma insuficiente o fuera de plazo. Se trata de una escala de sanciones establecida como cuantías fijas, desligadas del volumen de negocio de la empresa, pese a que distintas voces han reclamado adaptar las multas al tamaño de la compañía y a la gravedad de la conducta, en línea con los criterios de la Directiva comunitaria.

Objeciones de la letrada: competencias, sanciones y alcance

El dictamen elaborado por una de las letradas del Parlament, cuyas consideraciones se formulan a título personal y que recoge Crónica Global, subraya que la Generalitat carece de potestad en materia de derecho mercantil y, por tanto, no puede sancionar directamente la actividad de empresas en terceros países. A su juicio, actuaciones como «prevenir, investigar, evaluar y supervisar» lo que hagan las compañías catalanas fuera de España suponen una extralimitación, porque implicarían una injerencia en otro Estado contraria al derecho internacional.

La jurista también advierte de que el objeto de investigación que fija la ley es demasiado genérico y se aparta de los umbrales y categorías que marca la Unión Europea, centradas en grandes empresas, grupos empresariales y determinados modelos de franquicia. El dictamen aprobado en comisión mantiene definiciones propias y un perímetro de actuación más amplio, lo que, según estas observaciones, podría vulnerar la reserva estatal en materia mercantil y chocar con el proceso de armonización normativa en la Unión.

Otro de los puntos señalados por la letrada, es el enfoque elegido para sancionar a aquellas empresas que no colaboren con el Centre Català d’Empresa i Drets Humans, al considerarlo excesivamente abierto y poco ajustado al marco europeo de diligencia debida. La Directiva comunitaria se orienta a verificar si las empresas aplican procedimientos de control en sus cadenas de actividad, y no tanto a perseguir de forma abstracta vulneraciones de derechos humanos, matiza dicho informe interno.

Un diseño cuestionado por falta de neutralidad

La futura institución hunde sus raíces en la ley catalana de acción exterior de 2014 y se concibe como un organismo especializado en medio ambiente, derechos humanos y actividad empresarial en el extranjero. La ley diseña una junta de gobierno de 11 expertos, de los cuales ocho serían elegidos por el Parlament y tres por el Govern, sobre la base de propuestas de un consejo asesor, quedando el centro adscrito a la conselleria de Unión Europea y Acción Exterior.

Esta arquitectura incrementa el riesgo de falta de independencia política, en contraste con la exigencia europea de que las autoridades de control sean técnicas, neutrales y despolitizadas. Durante la tramitación, la federación Lafede.cat, una de las entidades que han impulsado la iniciativa, se negó a reservar un asiento en la junta de gobierno para representantes del tejido empresarial, al considerar que supondría un conflicto de intereses.

Los partidos impulsores defienden que el texto ha incorporado numerosas enmiendas a lo largo de las distintas tramitaciones, reforzando el papel de acompañamiento a las empresas a través de la agencia pública ACCIÓ y tratando de equilibrar la vertiente sancionadora con una función más orientada al asesoramiento y la prevención. Aun así, la estructura del organismo sigue siendo percibida por los servicios jurídicos como demasiado asamblearia y alejada del modelo de autoridad estrictamente técnica que reclama Bruselas.

PP y Junts apelan a la seguridad jurídica

Las reservas jurídicas se han traducido en un movimiento político claro: los grupos del Partido Popular y de Junts per Catalunya han presentado sendos recursos ante el Consell de Garanties Estatutàries para frenar la ley. El órgano consultivo, conocido como el «constitucional catalán», deberá pronunciarse ahora sobre la adecuación de la norma al Estatut y al resto del ordenamiento, lo que ha paralizado la votación prevista en el pleno.

La diputada del PP Míriam Casanovas ya expresó en comisión su rechazo al régimen sancionador, recordando que el grueso del tejido empresarial catalán está formado por pequeñas y medianas empresas y subrayando que la Directiva europea se dirige principalmente a grandes compañías con más de un millar de trabajadores y una facturación anual de 450 millones de euros. Junts, por su parte, había subrayado el potencial de que Cataluña fuera «pionera» en la creación de un centro de estas características, pero ha terminado negando su apoyo al texto por la inseguridad jurídica que, a su juicio, genera y por un régimen de sanciones que considera desproporcionado.

En este contexto, la ley del Centre Català d’Empresa i Drets Humans se ha convertido en un nuevo frente de debate sobre los límites de la acción exterior de la Generalitat y sobre el equilibrio entre la defensa de los derechos humanos y la necesaria seguridad jurídica para el tejido productivo catalán.