El Ayuntamiento de Barcelona realojará a la mitad de los vecinos que okupaban varias fincas de Vallcarca

El Ayuntamiento de Barcelona y la Sindicatura de Greuges han cerrado un acuerdo para ofrecer una alternativa habitacional a parte de los vecinos afectados por los desalojos previstos en varias fincas municipales del barrio de Vallcarca que estaban ocupadas de forma ilegal. Tras meses de negociación, 14 de las 30 personas inicialmente identificadas han aceptado trasladarse a otros puntos de la ciudad, mientras que el resto mantiene sus reticencias.

El síndic, David Bondia, ha dado por concluido el proceso de mediación iniciado a finales de 2025 a petición del alcalde, Jaume Collboni. Según ha explicado, se detectaron 28 personas en situación de vulnerabilidad y se formularon propuestas de realojo para todas ellas, aunque solo la mitad han sido finalmente aceptadas. A su juicio, el balance es positivo, ya que se han logrado soluciones dentro de Barcelona, aunque no en el propio barrio de Vallcarca, como reclamaban muchos afectados.

Las familias que han aceptado las alternativas serán reubicadas en distintos puntos de la ciudad. Entre ellas, un núcleo familiar se trasladará a Torre Baró, otro al barrio Gótico y un tercero, de seis miembros, será alojado en la conocida Casa Orsola, en el Eixample, convirtiéndose en el primer caso de familia que se declara vulnerable que accede a este edificio adquirido por el consistorio para evitar desalojos.

Desde el gobierno municipal, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha valorado la mediación como «positiva» y ha defendido la necesidad de actuar ante situaciones que considera de infravivienda. En este sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá adelante con los procedimientos para recuperar las fincas afectadas, aunque mantendrá abiertas las ofertas de realojo para quienes todavía no las han aceptado y garantizará el acompañamiento de los servicios sociales.

Las quejas de los afectados

Sin embargo, el acuerdo ha generado críticas entre los vecinos y sus representantes. La abogada de la asociación vecinal Som Barri, Ester Murillo, ha denunciado que muchos de los realojos se han producido fuera del barrio y bajo presión, y ha señalado que algunas familias han tomado decisiones condicionadas por el temor a un desalojo inmediato. Además, cuestiona que las alternativas ofrecidas se ajusten a las necesidades reales de los afectados, especialmente en casos en los que implican romper núcleos familiares, cambiar de entorno o dificultar sus medios de subsistencia.

Algunas familias han rechazado las propuestas precisamente por este motivo. Es el caso de Carmen, vecina del barrio, que asegura que trasladarse supondría perder su fuente de ingresos y alterar la escolarización de sus hijos, plenamente integrados en Vallcarca. Como ella, otras familias insisten en que no se trata de una negativa arbitraria, sino de la imposibilidad de adaptarse a las soluciones planteadas.

El conflicto también ha entrado en el terreno político. Desde Junts, el concejal Joan Rodríguez ha criticado que estos realojos supongan un trato preferente respecto a otras personas en lista de espera, mientras que Barcelona en Comú ha advertido contra la posibilidad de que los casos pendientes acaben en desahucios y ha pedido mantener el diálogo abierto.

En paralelo, sigue pendiente otro de los frentes clave del conflicto: la modificación del planeamiento urbanístico de Vallcarca. Aunque el Ayuntamiento se ha comprometido a abrir una mesa de trabajo, reconoce que se trata de un proceso más largo y complejo, que podría prolongarse durante meses o incluso años. Mientras tanto, el consistorio mantiene su hoja de ruta: avanzar en la recuperación de las fincas y buscar una salida habitacional para todas las personas afectadas.