Illa prevé 2,7 millones para traductores de los Mossos que atiendan a delincuentes que no sepan español

El Departament d’Interior de la Generalitat dispone de un contrato específico de «servicios de interpretación y traducción de lenguas» para las unidades centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía, es decir, los Mossos d’Esquadra. El importe fijado en los pliegos asciende a 2.219.974 euros sin IVA y 2.686.168,54 euros con IVA, una cifra que se mantiene como referencia en los ejercicios posteriores y que supone un coste anual cercano a los tres millones solo en traducciones e interpretaciones.

El objeto del contrato abarca la traducción e interpretación en actuaciones policiales, tanto en dependencias como en comisaría, para personas que no dominan las lenguas oficiales en Cataluña o requieren lengua de signos. Se incluyen traducciones de documentos, interpretación presencial y a distancia, así como servicios ligados a diligencias policiales y judiciales que dependen de la actuación de los Mossos en todo el territorio.

Vox apunta al impacto de la inmigración en seguridad

A partir de esta documentación, Vox ha denunciado que el PSC y Salvador Illa pretenden seguir destinando «casi tres millones» de euros desde Interior a traductores «por la delincuencia de inmigrantes que no saben español». Para la formación de Santiago Abascal, este gasto es un síntoma del descontrol migratorio y de un modelo que obliga al contribuyente a asumir el coste añadido de la criminalidad importada.

Los nacionalistas y la izquierda defienden, por el contrario, que se trata de garantizar derechos procesales y cobertura lingüística en cualquier intervención policial, sea con detenidos, víctimas o testigos. Sin embargo, el debate se intensifica en un contexto en el que los propios informes de Interior y la preocupación de alcaldes y vecinos apuntan a un incremento de la inseguridad vinculada a determinados perfiles de delincuencia extranjera en Cataluña.

Un presupuesto de Interior en máximos históricos

Este contrato de traducción se inscribe en unos presupuestos de Interior para 2026 que alcanzan los 2.352 millones de euros, máximos históricos, con el argumento de reforzar la seguridad y la respuesta ante emergencias. El Govern sitúa la política de seguridad como uno de los ejes de la legislatura, con más agentes, más medios tecnológicos y más gasto corriente asociado al funcionamiento de los Mossos, entre el que figuran estos servicios de interpretación.

En paralelo, el Ejecutivo catalán impulsa proyectos de digitalización, comisarías virtuales y uso de inteligencia artificial, a la vez que triplica la inversión en infraestructuras de seguridad para la próxima década. Todo ello consolida un modelo de seguridad costoso, que para la oposición no aborda el fondo del problema: la presión migratoria, la reincidencia y la falta de control frente a quienes utilizan España como escenario para delinquir.

Traductores en un contexto de tensión social

El uso de traductores en las actuaciones policiales no es nuevo y se ha ido ampliando en la última década a medida que crecía el volumen de población extranjera y su presencia en los atestados de los Mossos. La Generalitat ha recurrido de forma recurrente a grandes adjudicatarias del sector de la traducción, con contratos similares en años anteriores por importes casi idénticos a los actuales.

Con unos presupuestos al alza y una delincuencia percibida como creciente por buena parte de la ciudadanía, la continuidad de este gasto se ha convertido en un símbolo del rumbo político que marcará el futuro Govern de Illa: más recursos, más estructura y más servicios para gestionar una realidad social y criminal que muchos catalanes consideran que nunca debería haberse desbordado.