Illa prepara ayudas a empresas por la guerra en Irán y aplaza medidas para familias por falta de presupuesto

El gobierno de la Generalitat aprobará el próximo martes un primer paquete de medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra en Oriente Medio, centrado principalmente en el apoyo a empresas y en el impulso de la transición energética. Así lo ha avanzado la consejera de Economía y Hacienda, Alícia Romero, tras reunirse con los grupos parlamentarios para analizar la situación.

Este primer bloque incluirá ayudas directas y líneas de financiación bonificada, canalizadas a través del Institut Català de Finances, dirigidas especialmente a los sectores más afectados por el encarecimiento de los carburantes y la incertidumbre internacional, como la agricultura, la pesca, el transporte y la movilidad. El ejecutivo catalán, además, quiere vincular estas ayudas al mantenimiento del empleo, con el objetivo de evitar despidos en un contexto económico tensionado.

Romero ha enmarcado estas medidas en un plan más amplio que no se agotará con este primer decreto. El Govern prevé aprobar nuevos paquetes en función de la evolución del conflicto y de las iniciativas que impulsen tanto el Gobierno central como la Unión Europea.

En el ámbito fiscal, la consejera ha descartado una rebaja generalizada del IRPF, como planteaban algunos grupos parlamentarios, al considerar que el margen de actuación es limitado. En su lugar, el ejecutivo estudia introducir ajustes puntuales en tributos propios, especialmente en actividades vinculadas al sector primario, mediante reducciones o exenciones temporales.

El plan también contempla reforzar el acompañamiento a las empresas para facilitar su acceso a nuevos mercados internacionales, una estrategia que el Govern ya aplicó en anteriores crisis comerciales. A ello se suma un bloque de medidas orientadas a acelerar la transición energética, con nuevas líneas de financiación para el autoconsumo y el refuerzo de la empresa pública energética.

La falta de presupuestos

En cambio, las actuaciones dirigidas a las familias serán, de momento, más limitadas. El Govern prevé habilitar una línea de ayudas de carácter general, sin concretar todavía los colectivos beneficiarios, a la espera de evaluar con mayor precisión el impacto de la crisis. Romero ha admitido que la falta de presupuestos condiciona la capacidad de desplegar medidas más ambiciosas, lo que deja fuera, por ahora, propuestas como la revisión de los criterios de acceso a ayudas al alquiler.

Como complemento, el el ejecutivo catalán creará un grupo de trabajo específico para vigilar la evolución de los precios y comprobar que las rebajas fiscales impulsadas por el Gobierno se trasladan efectivamente al consumidor. Este organismo actuará como mecanismo de seguimiento y podrá proponer actuaciones si detecta desviaciones.

La consejera confía, por otro lado, en poder aprobar unas nuevas cuentas antes del verano, lo que permitiría ampliar el alcance de las políticas de apoyo tanto a empresas como a familias en un escenario aún marcado por la incertidumbre internacional.