El TSJC ordena la ejecución provisional de la sentencia que anuló parcialmente el decreto de régimen lingüístico

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado la ejecución provisional de la sentencia dictada el pasado 8 de septiembre de 2025, en la que anuló parcialmente el Decreto 91/2024 que regulaba el régimen lingüístico del sistema educativo catalán. La decisión supone un giro significativo en el marco jurídico vigente, al dejar sin aplicación inmediata varios de los preceptos clave que sustentaban el modelo monolingüe en catalán en las aulas.

Según ha explicado la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), la ejecución provisional afecta a un total de 14 artículos del decreto, anulados total o parcialmente, entre ellos aquellos que imponían el catalán como única lengua vehicular y que configuraban los proyectos lingüísticos de los centros educativos bajo un esquema de exclusividad lingüística.

La medida se mantendrá en vigor mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos de casación presentados, pero sus efectos son inmediatos: el núcleo del modelo lingüístico vigente queda, de facto, sin cobertura legal. El auto del TSJC es claro al respecto y señala que la exclusión del castellano como lengua de enseñanza carece actualmente de base normativa.

Los artículos anulados incidían directamente en la organización pedagógica de los centros, incluyendo la acogida lingüística de alumnos procedentes del extranjero o de otras comunidades autónomas. En la práctica, este modelo relegaba el castellano a un papel residual dentro del sistema educativo catalán.

La jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo ha respaldado reiteradamente la doctrina del TSJC, al considerar que este modelo vulnera principios fundamentales recogidos en la Constitución Española, como la cooficialidad lingüística (artículo 3), la igualdad (artículo 14) y el derecho a la educación (artículo 27).

Revisar proyectos lingüísticos

Ante este nuevo escenario, los centros educativos deberán adaptar sus proyectos lingüísticos al principio de cooficialidad, garantizando la presencia efectiva del castellano como lengua de aprendizaje y uso. La AEB sostiene que esto implica revisar los actuales planes lingüísticos, eliminar cláusulas de exclusividad del catalán e incorporar el castellano como lengua vehicular.

La entidad también advierte de que, tras esta resolución, no existe base legal para sancionar a profesores o alumnos por utilizar el castellano en el ámbito educativo. En este sentido, ha denunciado la existencia de expedientes y sanciones contra docentes por impartir clases o facilitar materiales en castellano, prácticas que considera contrarias al marco jurídico establecido por los tribunales.

Asimismo, la AEB ha iniciado acciones en distintos centros educativos para promover la revisión de los proyectos lingüísticos y respaldar a las familias que reclaman el derecho a que sus hijos reciban enseñanza también en castellano.

La entidad ha instado al Departamento de Educación de la Generalitat a cumplir de forma inmediata la resolución judicial y a emitir instrucciones claras que garanticen el respeto a los derechos lingüísticos de toda la comunidad educativa.

La ejecución provisional de esta sentencia marca, según la AEB, un punto de inflexión en el sistema educativo catalán. En este nuevo contexto, la escuela se enfrenta al reto de reconfigurar su modelo lingüístico para ajustarse a la legalidad vigente y asegurar una educación que respete la pluralidad lingüística y los derechos de alumnos y docentes.

Mientras el Tribunal Supremo se pronuncia de forma definitiva, el sistema educativo catalán entra en una fase de transición en la que el modelo monolingüe pierde su sustento jurídico y se abre paso un escenario que exige adaptación inmediata por parte de las instituciones educativas.