Illa condona deudas por pagos indebidos en dependencia y activa ayudas automáticas

El gobierno de la Generalitat ha decidido dar un giro a la gestión de las ayudas a la dependencia con dos medidas de fuerte impacto social: la condonación de deudas reclamadas a familias por pagos indebidos y la puesta en marcha de nuevas prestaciones automáticas para quienes esperan acceder a un servicio asistencial.

El presidente catalán, Salvador Illa, ha anunciado este lunes la supresión de estas reclamaciones durante una visita a un centro de mayores en Barcelona, donde ha reconocido que se trata de una práctica que «nunca debería haberse producido». La administración había venido exigiendo la devolución de prestaciones en casos como el fallecimiento del beneficiario o cambios en su situación económica o en el grado de dependencia.

Solo en 2025, la Generalitat llegó a reclamar más de 10.600 deudas de este tipo. «Reclamar el dinero de una persona que ha muerto parece una broma de mal gusto», ha afirmado Illa, quien ha defendido que la medida busca corregir una disfunción administrativa que se arrastraba desde hace décadas.

El cambio no se limita a una regularización puntual. El Govern también modificará el diseño de las prestaciones para evitar que se vuelvan a generar estos pagos indebidos, y ha avanzado que no se reclamarán en el futuro cuando sean consecuencia de errores de la propia administración, salvo en casos de fraude.

Garantía de ingresos

Junto a esta decisión, el ejecutivo catalán ha presentado un nuevo mecanismo para garantizar ingresos a las personas dependientes desde el inicio del proceso. Se trata de una prestación de cobertura mínima automática, de entre 100 y 200 euros mensuales según el grado de dependencia, que recibirán quienes soliciten una ayuda y estén a la espera de acceder a un recurso como una residencia o un centro de día.

Esta ayuda se sumará al llamado «PIA exprés», ya anunciado previamente, que permitirá empezar a abonar hasta 200 euros a personas aún no valoradas pero con indicios de gran dependencia. El objetivo es reducir los tiempos de espera y evitar que los solicitantes queden desprotegidos durante meses.

Según ha explicado Illa, el compromiso del Govern es que cualquier persona que solicite la dependencia reciba una prestación económica en un plazo máximo de dos semanas desde la valoración. En la práctica, el ejecutivo calcula que un 80% de las nuevas solicitudes se canalizarán por la vía rápida del PIA exprés, mientras que el resto se beneficiará de esta prestación de transición.

Las medidas se aprobarán previsiblemente este martes mediante decreto ley en el Consejo Ejecutivo y deberán ser convalidadas posteriormente en el Parlament.

Con este paquete, el Govern busca aliviar una de las principales críticas al sistema de dependencia: los largos tiempos de espera y la falta de cobertura económica durante el proceso. Al mismo tiempo, introduce un cambio de criterio en la relación con las familias, al renunciar a reclamar devoluciones que, aunque legales, habían generado un fuerte rechazo social.