La Policía busca a un socio africano de Zapatero con el que su presunto testaferro viajó a Dubái a hacer negocios con la 'offshore'

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está buscando la identidad de un posible socio africano de José Luis Rodríguez Zapatero. Tal y como ha podido saber este periódico, Julio Martínez, alias Julito, considerado el presunto testaferro del expresidente del Gobierno, viajó con esa persona a Dubái para hacer negocios con la estructura offshore que la trama constituyó para canalizar el 1% del rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. Esa línea de investigación se cruza ahora con el frente judicial abierto en la Audiencia Nacional, donde el juez ha dejado por escrito que la declaración de Zapatero no logró desmontar los indicios que pesan sobre él.

Este periódico ha tenido acceso al trabajo que están llevando a cabo los agentes. Entre las líneas de investigación que tienen abiertas a día de hoy figura el rastreo del nombre y apellidos de un empresario de origen africano con quien el presunto testaferro de Zapatero estableció una relación para hacer negocios vinculados al oro y al petróleo. La identificación de esa persona es fundamental, ya que permitirá tirar del hilo para desentrañar la red de corrupción.

En su agenda, Julito acumulaba anotaciones sobre las ganancias que esperaba obtener a partir de inversiones ya realizadas o de operaciones que daba por encarriladas. Según las líneas de trabajo abiertas por la Policía, esos movimientos se hacían en nombre de Zapatero, que adoptaba precauciones para que su nombre no apareciera en la documentación ni en la operativa mercantil. Uno de los sectores que aparece con más insistencia en esos apuntes es el petrolero. En la documentación que la UDEF intervino en la vivienda del presunto testaferro del expresidente, los agentes hallaron un esquema manuscrito en el que se detallaban ingresos millonarios previstos por la trama y las condiciones en que debían cerrarse varias operaciones.

Ese documento contiene varios ejemplos que permiten medir el volumen económico de los negocios que manejaba el entorno de Julito. En el apartado de «asfalto» figura una previsión de 200.000 euros al mes. En otro bloque, bajo la rúbrica «kit Covid», aparece una estimación de «más de 500.000 euros» y varias anotaciones ligadas a seguros.

El apunte más sensible está en el epígrafe «crudo». Ahí se consigna «una vez al mes y contrato a término» y, a continuación, «2 millones de barriles». Al margen figura otra anotación: «300.000 euros el barril», también vinculada a un «pago anticipado». El interés policial de esa hoja no reside solo en la existencia de cifras elevadas, sino en la lógica comercial que describe. La combinación entre volumen, precio unitario y pagos por adelantado apunta a operaciones de enorme rentabilidad. Si ese cálculo respondía a una comisión, a un margen de intermediación o a un reparto interno de beneficios, la magnitud del negocio era extraordinaria. En otra línea se recoge una «licencia pendiente de aprobación» relacionada con la «venta de la mina». Son referencias escuetas, pero suficientemente expresivas para los investigadores. Hablan de negocios de materias primas, de operaciones sujetas a autorización, de anticipos recurrentes y de una expectativa de retorno elevada.

También imputan a sus hijas

Si bien el juez no impuso ninguna medida cautelar a Zapatero, la semana pasada no le resultó convincente lo que dijo. El magistrado rechazó las comparecencias quincenales, la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional porque no apreció riesgo de fuga, de destrucción de pruebas ni de obstaculización actual de la instrucción. Pero dejó escrito algo muy distinto sobre el fondo de la declaración. Según la resolución, «la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación».

El magistrado ha acordado también imputar a las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar. Para el juez, es clave el papel de Whathefav SL, la sociedad de las hijas de Zapatero. El instructor sostiene que esta compañía no desarrollaba una actividad empresarial ordinaria, sino que actuaba como «vehículo instrumental para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones económicas vinculadas al entramado».

En paralelo, El Debate ha publicado que Zapatero se citó a escondidas en un hotel con Javier de Paz, amigo suyo desde hace años y considerado por los investigadores el nexo de su presunto testaferro, para pactar una versión sobre los pagos de Plus Ultra. Este periódico desveló que aquella reunión se celebró el 19 de diciembre de 2025 en el hotel AC La Finca, a las afueras de Madrid, poco después de las primeras detenciones practicadas por la UDEF. De Paz esperaba a Zapatero, que acudió al encuentro con gafas de sol y gorra, en una de las mesas, y la conversación se prolongó durante más de una hora. La inquietud de ambos, según la investigación, se centraba en los más de 640.000 euros que el entorno del expresidente y sus hijas había recibido de la sociedad Análisis Relevante SL, que el propio De Paz ayudó a constituir en 2020 y a través de la cual se produjeron parte de las transacciones financieras que ahora examina la Audiencia Nacional.