La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, durante su comparecencia en el Parlament
Cataluña
La Generalitat asumirá directamente la gestión de ayudas a jóvenes extutelados a partir de 2027
Derechos Sociales eliminará la externalización del seguimiento económico y aplicará un sistema automatizado de control de prestaciones para evitar pagos indebidos
La Generalitat quiere poner fin al modelo externalizado con el que hasta ahora se gestionaban las prestaciones para jóvenes extutelados. La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado este lunes en el Parlament que el Govern no volverá a licitar este servicio a partir del 31 de diciembre y que será la propia administración quien asumirá directamente tanto la gestión de las ayudas como el acompañamiento socioeducativo de estos jóvenes.
El anuncio se ha producido durante la comisión de investigación sobre la actividad de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, la DGAIA, un organismo que en los últimos años ha estado bajo el foco por las irregularidades detectadas en la gestión de prestaciones y por las dificultades estructurales del sistema de protección de menores.
La principal novedad del nuevo modelo será la automatización parcial del control de las ayudas. Según ha explicado Martínez Bravo, la Generalitat cruzará mensualmente datos administrativos de los beneficiarios, como la vida laboral, las bases de cotización, el padrón, el catastro o información sanitaria, para ajustar de manera casi automática las prestaciones en función de la situación económica real de cada joven.
En la práctica, esto significa que si un extutelado empieza a trabajar o mejora sus ingresos, la prestación podrá revisarse de forma inmediata, sin necesidad de recurrir a empresas externas que hagan el seguimiento económico de cada expediente. Hasta ahora, esa tarea estaba en manos de la UTE Resilis Mercè Fontanilles, cuya función finalizará a finales de este año.
La consejera ha defendido que este nuevo sistema permitirá «poner orden y calidad» en la gestión pública y evitar situaciones de pagos indebidos que se produjeron en el pasado. De hecho, el Govern asegura que el problema de las prestaciones cobradas indebidamente ya se ha corregido gracias a este nuevo sistema de seguimiento semiautomatizado.
Un sistema «tensionado»
Durante su comparecencia, Martínez Bravo también ha reconocido que el sistema de protección a la infancia lleva años «tensionado» y funcionando por encima de su capacidad. Según ha explicado, el aumento de menores tutelados y extutelados no ha ido acompañado del crecimiento necesario de recursos humanos y económicos.
Por ello, el departamento asegura haber reforzado la estructura de la nueva Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia con 120 nuevos trabajadores, un incremento del 17% de la plantilla. Además, el Govern había previsto un aumento presupuestario de 111 millones de euros respecto a 2023.
El secretario general de Derechos Sociales, Raúl Moreno, ha añadido que también se está simplificando la cartera de servicios para hacer más eficiente la atención a niños y jóvenes tutelados. Según sus datos, la sobreocupación en los centros de acogida se habría reducido un 55%.
Por su parte, la exsecretaria de Infancia y actual secretaria de Ciclos de Vida y Ciudadanía, Teresa Llorens, ha avanzado cambios en los Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE), donde se quiere limitar el número de plazas a un máximo de diez menores por centro para mejorar la atención individualizada. Además, antes del verano está prevista la incorporación de 28 psicólogos a estos equipamientos.
Con este giro, la Generalitat busca recuperar el control directo sobre un ámbito especialmente sensible: la atención a jóvenes que, al cumplir la mayoría de edad, salen del sistema de protección y necesitan apoyo económico y acompañamiento para iniciar una vida autónoma.
