El catalán se desploma en la Justicia catalana: solo el 6,5% de las sentencias se dictan en esta lengua

El catalán apenas tiene presencia real en los juzgados de Cataluña: solo el 6,5% de las sentencias dictadas en 2024 se redactaron en esta lengua, frente a una abrumadora mayoría en castellano, según un informe del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). El estudio concluye que el castellano se ha convertido en la lengua judicial por defecto y que el uso del catalán queda subordinado, cuando no limitado, a la decisión de los jueces y a la práctica de las oficinas judiciales. Los datos confirman así el carácter residual del catalán en el ámbito judicial, pese a décadas de políticas de inmersión lingüística en otros ámbitos de la Administración.

El informe del ICAB: el castellano como lengua por defecto

El informe elaborado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona analiza el uso del catalán en la Justicia durante el año 2024 en Cataluña. Según este trabajo, solo el 6,5% de las sentencias emitidas ese año se redactaron en catalán, mientras que el resto se dictaron en castellano.

El estudio también constata que las demandas presentadas en catalán suponen únicamente el 5,7% del total de escritos que se tramitaron en 2024 en los juzgados catalanes. Esta baja proporción preocupa al propio colegio profesional, que aprecia una clara consolidación del castellano como lengua habitual en el día a día de los tribunales.

Descenso en notificaciones y peticiones en catalán

El informe no se limita a las sentencias, sino que analiza igualmente el idioma utilizado en las notificaciones judiciales. En este ámbito, la caída del catalán es todavía más llamativa: si en 2021 el 14,7% de las notificaciones se pedían en catalán, en 2024 el porcentaje se ha reducido hasta el 7,4%, es decir, prácticamente la mitad.

Este retroceso se produce, además, en un contexto en el que la Generalitat y distintos organismos han reclamado en los últimos años un mayor uso del catalán en la Administración de Justicia y han denunciado un supuesto incumplimiento de los derechos lingüísticos de los hablantes de esta lengua. Pese a esos mensajes políticos, la realidad que refleja el informe del ICAB es la de un uso claramente minoritario del catalán en la práctica judicial cotidiana.

Una presencia «residual» del catalán en los juzgados

Los datos de 2024 se inscriben en una tendencia de largo recorrido: en los últimos años, diferentes informes ya advertían del carácter «residual» o «simbólico» del uso del catalán en la Justicia. En 2005, el porcentaje de sentencias en catalán en Cataluña superaba el 20%, mientras que en 2021 ya había caído en torno al 6,9%, cifra similar a la que ahora vuelve a reflejar el ICAB para 2024.

En paralelo, se han documentado centenares de miles de demandas que, pese a solicitar su tramitación en catalán, han recibido respuesta en castellano, lo que contribuye a reforzar el castellano como lengua de trabajo ordinaria en los juzgados catalanes. Según datos de la propia Conselleria de Justicia, en un solo año más de 300.000 demandas que pedían ser tramitadas en catalán fueron contestadas en castellano, con un índice de incumplimiento de la opción lingüística del 81,3% en esos casos.

Debate político y medidas de la Generalitat

Ante este escenario, la Generalitat ha ido proponiendo en los últimos años diferentes medidas para tratar de aumentar el uso del catalán en la Justicia, como la recuperación de bonificaciones económicas para jueces por cada sentencia dictada en catalán o incentivos para abogados que actúen en esta lengua. El propio Govern ha reconocido que el catalán tiene una presencia muy baja en los tribunales, a pesar de los esfuerzos por extender su uso en otros ámbitos de la Administración.

No obstante, el nuevo informe del ICAB muestra que, de momento, estas iniciativas no han logrado revertir la tendencia y que el castellano continúa consolidado como lengua principal del sistema judicial en Cataluña. El resultado es un panorama en el que, a diferencia de lo que ocurre en la escuela o en otros servicios públicos, la Justicia permanece como uno de los ámbitos donde el bilingüismo efectivo se mantiene y en el que el uso del catalán sigue siendo claramente minoritario, tanto en sentencias como en demandas y notificaciones.