El gobierno catalán evita publicar las estadísticas sobre agresiones sexuales a menores tutelados

La Corriente Social Cristiana (CSC) denuncia que la Generalitat de Cataluña no quiere hacer públicas las estadísticas relacionadas con la violencia sexual sobre menores en el ámbito autonómico. En un contundente informe, al que ha tenido acceso El Debate, la organización heredera de e-Cristians expresa su preocupación «sobre la magnitud de los abusos sexuales a menores en Cataluña y la carencia de atención del Govern a este grave problema».

Pese a repetidos intentos de conseguir información precisa y pública sobre la magnitud del problema, la CSC alerta de que la administración autonómica solamente ha revelado parte de los datos, escudándose en «la necesidad de una compleja elaboración o la protección de los menores para denegar el acceso a la información». «Sin embargo –añaden desde la entidad–, en algunos casos el anexo acaba aportando parte de los datos que teóricamente no podían obtenerse».

El periplo sobre esta cuestión comenzó el 13 de mayo de 2025, cuando el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recibió en persona a una delegación de la dirección de la CSC. Durante la reunión se puso sobre la mesa la cuestión de los abusos sexuales a menores, que había saltado al debate público al trascender el caso de una niña de 12 años, tutelada por la Generalitat, que había caído víctima de una red de pederastas en Barcelona.

En junio, la CSC dirigió un escrito a Illa pidiéndole publicar los datos sobre abusos sexuales a menores gestionados por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) –hoy renombrada con las siglas DGPPIA–, así como información sobre sentencias y detenciones, la elaboración de un informe integral que analice la situación en Cataluña y el encargo a la Sindicatura de Greuges de una investigación específica sobre posibles abusos en instituciones bajo responsabilidad de la Generalitat.

La respuesta no llegó hasta diciembre, a través del director general de la DGPPIA, quien no respondió a las dudas planteadas y se fue por las ramas. La CSC insistió hasta en dos ocasiones pidiendo la información, sin obtener respuesta, tras lo cual acudió a la vía de la solicitud de información pública, en abril de este año.

En concreto, en dicha petición de información pública se pedían los datos sobre procedimientos administrativos, policiales y judiciales en los que la Generalitat haya sido parte en relación con delitos sexuales a menores, así como las cifras de delitos sexuales contra menores en Cataluña y el número de informes y casos atendidos por la Unidad de Atención a Víctimas de Derechos Sociales.

Casi 2.000 casos

Finalmente, a principios de este mes, la DGPPIA respondió a la solicitud, pero de forma parcial y omitiendo los datos más relevantes, como se apuntaba al inicio del texto. «Lamentamos que, después de más de un año de insistir, la Generalitat no quiera ofrecer datos –que sin duda tienen, pese a lo que puedan decir– sobre cuál es la situación de los abusos sexuales a menores en Cataluña», señala el presidente de la CSC, Josep Miró i Ardèvol.

Para Miró i Ardèvol, además, el silencio administrativo es «grave» porque la cifra que estima CSC es muy elevada. En su análisis, la entidad extrapola los datos incluidos en el Informe sobre delitos contra la libertad sexual 2024 publicado por el Ministerio del Interior. En este documento se señala que a nivel nacional el 41% de los delitos de este tipo se cometieron sobre personas de 17 años o menos.

CSC aplica este mismo porcentaje a Cataluña y realiza un cálculo considerando la tasa de delitos conocidos contra la libertad sexual por cada 10.000 habitantes por provincias. La cifra resultante de esta estimación son 1.913 delitos contra la libertad sexual en menores en el año 2024 en Cataluña. «Es una brutalidad», lamenta Miró i Ardèvol. No obstante, CSC advierte de que esta hipótesis aplicada asumiendo la media española podría ser incluso demasiado baja.

La organización está trabajando en este tema para arrojar luz sobre la cuestión, convencidos de que «conocer con mayor detalle la magnitud de la afectación» es una condición previa «necesaria» para diseñar y aplicar políticas públicas eficaces. Miró i Ardèvol explica que han mantenido una reunión con la Síndica de Greuges, la defensora del pueblo catalán, y que a partir de septiembre iniciarán una campaña de información con los grupos políticos del Parlament.