Arranca el juicio a dos exconsejeros de ERC y Junts por retrasar la vacuna Covid a policías y guardias civiles

Cinco años después de la pandemia, una de las decisiones más controvertidas adoptadas por la Generalitat durante la emergencia sanitaria llega al banquillo. La Audiencia de Barcelona juzga desde este martes a la exconsejera de Salud Alba Vergés y a la cúpula que dirigía el departamento en 2021 por el retraso en la vacunación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras los Mossos de Esquadra y las policías locales avanzaban a un ritmo muy superior en la campaña de inmunización.

El juicio vuelve a situar bajo sospecha una de las actuaciones más discutidas del ejecutivo catalán durante la crisis del coronavirus. La Fiscalía considera que la paralización de la vacunación de los agentes de los cuerpos estatales no fue un simple problema organizativo ni una consecuencia inevitable de los cambios de criterio sobre la vacuna de AstraZeneca, sino una decisión arbitraria que discriminó a dos colectivos que, al igual que los Mossos de Esquadra, desempeñaban funciones esenciales en plena pandemia.

Por ello solicita doce años de inhabilitación para la entonces consejera Alba Vergés, para quien fuera su número dos, Marc Ramentol; para el entonces director del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Maria Argimon, que meses después sustituiría a Vergés al frente del Departamento de Salud, y para el exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Adrià Comella.

El proceso devuelve a la actualidad uno de los episodios que mayor enfrentamiento institucional provocó durante la pandemia. Mientras la Generalitat defendía que todas las decisiones respondían exclusivamente a criterios sanitarios y a los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Sanidad, los sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil denunciaban que miles de agentes estaban siendo relegados frente a los cuerpos dependientes de la Administración catalana y de los ayuntamientos.

La acusación sostiene que esa diferencia no fue fruto del azar. Entre las pruebas que se debatirán durante el juicio figura un mensaje interno incorporado a la investigación que se ha convertido en una de las principales evidencias de la Fiscalía. En él, una integrante del gabinete de Vergés trasladaba una orden que marcaría el desarrollo de la causa: «La consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podemos argumentarlo. Lo tendríamos que parar». Para el Ministerio Público, ese mensaje demuestra que la decisión obedecía a una instrucción política y no únicamente a razones técnicas.

Grandes diferencias

Los datos sobre la vacunación son otro de los pilares de la acusación. Según la Fiscalía, cuando se decidió paralizar la inmunización, solo habían recibido la vacuna el 2,8 % de los guardias civiles y el 3,6 % de los policías nacionales destinados en Cataluña. En esas mismas fechas, alrededor del 77 % de los Mossos de Esquadra, de la Guardia Urbana y de las policías locales ya estaban vacunados, al igual que casi el 69 % de los bomberos.

Aquella diferencia llevó a la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil) y al sindicato Jupol a acudir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El alto tribunal terminó ordenando como medida cautelar que la Generalitat igualara, en un plazo máximo de diez días, el porcentaje de vacunación de los agentes estatales con el de los Mossos, una resolución que ya supuso entonces un severo correctivo a la estrategia seguida por el Departamento de Salud.

Ambas organizaciones ejercen ahora la acusación particular y elevan la petición de condena. Además del delito de prevaricación, sostienen que existió un delito contra los derechos de los trabajadores y reclaman tres años de prisión, quince de inhabilitación y una multa de 72.000 euros para Vergés, Argimon y el resto de los antiguos altos cargos procesados.

Las defensas rechazan cualquier actuación arbitraria y sostienen que todas las decisiones se adoptaron de forma colegiada, siguiendo criterios científicos y las recomendaciones sanitarias existentes en aquel momento. Vergés ha defendido durante la instrucción que el calendario de vacunación fue consensuado con el Ministerio de Sanidad y el resto de las comunidades autónomas y que la prioridad siempre fue proteger a los colectivos más vulnerables. Argimon también ha negado cualquier discriminación y sostiene que la estrategia pretendía compatibilizar la vacunación por grupos de edad con la de los colectivos esenciales.