El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, inteviene en el pleno del Parlament.
Cataluña
Vox denuncia un intento de «censurar la verdad» ante el expediente por discursos de odio en el Parlament
El PP acusa a la Cámara de aplicar una «doble vara de medir», mientras PSC y Comunes defienden endurecer el reglamento para sancionar este tipo de intervenciones
La Comisión del Estatuto del Diputado del Parlament ha acordado este martes trasladar a la Mesa de la Cámara la propuesta de imponer una falta leve a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y al portavoz de Vox, Joan Garriga, por incumplir el artículo 7 del Código de Conducta, que obliga a los diputados a mantener una actitud ejemplar y respetuosa durante el ejercicio de sus funciones.
El presidente de la comisión, Antoni Castellà (Junts), ha explicado que ambos expedientes continúan su tramitación al apreciarse una posible vulneración del Código de Conducta. En cambio, el procedimiento abierto contra la diputada de Vox Júlia Calvet ha quedado archivado, al considerar la comisión que sus declaraciones están amparadas por la libertad de expresión.
Orriols tenía abierto un expediente después de acusar a la diputada de ERC Najat Driouech de «normalizar el fundamentalismo islámico» por llevar velo en el hemiciclo.
En el caso de Garriga, la comisión ha propuesto una falta leve por dos intervenciones: las declaraciones que realizó sobre el expresidente de la Generalitat Lluís Companys durante una Junta de Portavoces celebrada tras el homenaje institucional al dirigente republicano y las palabras pronunciadas en un pleno de mayo de 2025, cuando aseguró que los socialistas «se gastan el dinero en drogas y putas».
Por el contrario, Júlia Calvet no ha sido sancionada por las manifestaciones en las que responsabilizó a la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, de liderar la «corrupción» en el caso de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Tras analizar sus alegaciones, la comisión ha concluido que sus palabras quedan protegidas por el derecho a la libertad de expresión.
Antes de conocerse la decisión, Vox ha cargado contra el procedimiento. Su portavoz, Joan Garriga, ha denunciado que las posibles sanciones tienen un «objetivo vergonzoso de censurar la verdad» y ha calificado el expediente como un «momento muy grave para la calidad democrática» del Parlament. Además, ha anunciado que recurrirá la decisión «hasta las últimas instancias» si la Mesa confirma finalmente la sanción, al considerar que carece de base jurídica y responde a motivaciones políticas.
El Partido Popular de Cataluña también ha rechazado la apertura de estos expedientes. Su portavoz parlamentaria, Lorena Roldán, ha denunciado una «doble vara de medir» en la aplicación del Código de Conducta y ha asegurado que los supuestos discursos de odio se persiguen «solo en una dirección». A su juicio, el límite a la libertad de expresión lo marca el Código Penal y no el reglamento interno del Parlament, por lo que el PP ha anunciado que votará en contra de las sanciones.
En cambio, los Comunes y el PSC han aprovechado el debate para insistir en la necesidad de reformar el reglamento de la Cámara.
El portavoz de los Comuns, David Cid, ha defendido que «ya no estamos en el tiempo de las advertencias, sino en el tiempo de decir basta» y ha reclamado sanciones más severas e incluso la expulsión del pleno para quienes reincidan en discursos de odio.
Por su parte, la portavoz del PSC, Elena Díaz, ha reiterado el compromiso de su grupo para modificar el reglamento e incorporar un régimen sancionador específico. No obstante, ha subrayado que esa reforma deberá compatibilizar la contundencia frente a los discursos de odio con la garantía de la libertad de expresión.
La última palabra la tendrá ahora la Mesa del Parlament, que deberá decidir si ratifica la propuesta de sanción elevada por la Comisión del Estatuto del Diputado.
