El presidente de la FCF, Joan Soteras, en una imagen de archivo
La Audiencia de Barcelona desarma a la Federación Catalana de Fútbol y estrecha el cerco por los votos falsos
El escenario de un banquillo de los acusados repleto de colaboradores federativos es ya ineludible
El fútbol catalán sigue inmerso en una de sus crisis más profundas, una trama que mezcla la burocracia federativa con la presunta delincuencia organizada, y que acaba de vivir un vuelco judicial definitivo que reescribe el guion de su futuro inmediato.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona ha emitido un auto judicial definitivo que no solo devuelve la voz jurídica a Juanjo Isern Aranda, excandidato a la presidencia de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), sino que asesta un golpe demoledor a la narrativa oficial de la propia federación.
Para comprender la magnitud de este laberinto, es necesario regresar a los convulsos procesos electorales de la entidad. En el epicentro se encuentra una causa penal tramitada como diligencias previas donde se investigan presuntos delitos de falsificación de documentos privados y administración desleal. La trama gira en torno a la supuesta manipulación y falsificación de firmas de presidentes y secretarios de clubes de fútbol no inscritos correctamente.
El objetivo de esta maniobra era elevar actas notariales falsas que sirvieran para decantar el voto en las últimas elecciones a la Presidencia de la FCF en favor de la candidatura del actual investigado, Juan Soteras. En este escenario, la figura de Isern se convirtió en una molestia sistemática para el orden establecido, hasta el punto de que un auto previo del Juzgado de Instrucción de Sabadell determinó su expulsión del proceso como acusación particular.
Aquel movimiento judicial fue recibido con un indisimulado triunfalismo en los despachos de la Federación Catalana de Fútbol (FCF). El 15 de diciembre de 2025 la entidad publicaba un durísimo comunicado oficial titulado de manera lapidaria como un «revés judicial para el Sr. Juanjo Isern». En ese texto, la FCF celebraba públicamente que los tribunales hubieran apartado a Isern, asegurando con rotundidad que el ex candidato carecía de legitimidad para formar parte de la causa y utilizando el altavoz institucional para desgastar la credibilidad de quien osaba cuestionar la limpieza de los comicios.
Juanjo Isern, excandidato a la Federación Catalana de Fútbol.
Era el intento de presentar a Isern como un elemento ajeno a la causa, un perdedor que buscaba en los juzgados lo que no había conseguido en las urnas. El peso del aparato institucional se volcaba contra el individuo, dejándolo vulnerable ante la opinión pública del deporte catalán. Sin embargo, el derecho penal se rige por los hechos y la protección de las garantías fundamentales.
La Audiencia Provincial de Barcelona ha enmendado por completo la plana al juzgado de Sabadell y ha revocado su decisión de forma unánime. El razonamiento de los magistrados posee una profunda carga de justicia moral. El tribunal dictamina que, si bien es cierto que a Juanjo Isern no se le suplantó su firma personal, su condición de perjudicado legítimo es incontestable.
Falsedad documental
La falsedad documental se ejecutó con el propósito directo de alterar el resultado de unas elecciones en las que él competía activamente. Al adulterar las reglas del juego democrático, se vulneró su derecho a participar en condiciones de estricta igualdad. Expulsarlo implicaba vaciar de contenido la protección a los candidatos que deciden someterse a un proceso limpio.
Esta restitución oficial como acusación particular significa que Isern recupera plenamente su capacidad para fiscalizar, impulsar y proponer diligencias en toda la investigación penal, participando activamente en las próximas declaraciones judiciales de los múltiples investigados.
Este pronunciamiento sienta un precedente de enorme valor para el asociacionismo deportivo, al blindar los procesos electorales federativos contra el uso indebido de recursos institucionales y la alteración de actas, garantizando que los afectados directos tengan siempre la llave para exigir responsabilidades penales. Ahora, la opinión pública aguarda la obligada rectificación por parte de la FCF de aquel comunicado donde daban por sentada su expulsión.
En Tortosa, el magistrado titular de la Sección Civil y de Instrucción número uno ha dictado un trascendental auto de transformación en procedimiento abreviado, fechado el 2 de junio de 2026, que destapa la dimensión operativa del fraude en el sur de Cataluña y conecta directamente con el perjuicio estructural sufrido por Isern, quien también consta personado como perjudicado en este juzgado por designación de la Audiencia Provincial de Tarragona.
Las pesquisas en Tortosa, originadas por la denuncia de dos directivos locales, detallan cómo el 22 de mayo de 2022, en plena jornada electoral de la FCF, se utilizaron de forma consciente documentos públicos manipulados para emitir votos fraudulentos.
El relato recogido por el juez de Tortosa describe un modus operandi indignante para los aficionados. Según el auto, los investigados Paula Gordo Moragrega, Manuel Lendines Cortés y Cristina Lendines Cortés emitieron votos falsos por certificación utilizando un acta notarial de legitimación de firmas autorizada por la notario María Cristina Hernández Ruíz.
En dichos documentos se les atribuían cargos de vicepresidentes de entidades modestas como la Juventut Esportiva Riba-Roja d’Ebre, la Juventut Esportiva Móra la Nova y el Tivissa Club d’Esports; cargos que jamás habían ostentado. El cerebro operativo era Miguel Ángel Esquerré Batalla, quien se valió de certificados falsificados simulando la intervención de los verdaderos secretarios de los clubes, actuando como inductor y autor de delitos continuados de falsificación de documentos públicos y privados. Mientras algunos secretarios auténticos prefirieron no reclamar por el desgaste emocional, los denunciantes decidieron llegar hasta el final en defensa de sus clubes.
Con la instrucción concluida en Tortosa, el juez ha ordenado dar traslado de las actuaciones tanto al Ministerio Fiscal como a las acusaciones particulares personadas, otorgando un plazo común de diez días para que formulen sus escritos de acusación definitivos o soliciten la apertura del juicio oral. El cerco judicial se estrecha y el escenario de un banquillo de los acusados repleto de colaboradores federativos es ya ineludible.
