Illa impulsa un plan para aumentar el uso del catalán en las cárceles como elemento de «reinserción»

El Govern quiere que el catalán se convierta en una herramienta más de reinserción dentro de las prisiones catalanas. La iniciativa llega, sin embargo, en un momento en el que el sistema penitenciario continúa arrastrando problemas de fondo, como la falta de personal, la conflictividad en algunos centros o las dificultades para garantizar una reinserción efectiva, que han protagonizado buena parte del debate público durante el último año.

Pese a ese contexto, el Consejo Ejecutivo ha aprobado el plan «El català obre portes» (el catalán abre puertas), una estrategia conjunta de los departamentos de Justicia y Política Lingüística que busca aumentar un 20% el uso habitual del catalán en las prisiones de aquí a 2030. El objetivo del ejecutivo no es tanto incrementar el número de cursos de lengua como conseguir que el catalán forme parte de la vida cotidiana dentro de los centros penitenciarios.

La filosofía del plan es sencilla: aprender una lengua resulta mucho más eficaz cuando se utiliza en el día a día. Por eso, el Govern quiere que el catalán esté presente en ámbitos como el deporte, los talleres ocupacionales, las actividades culturales, los espacios de ocio o las relaciones entre internos y profesionales. También se crearán grupos de conversación, parejas lingüísticas, vocabularios específicos para el entorno penitenciario y laboral y la figura de referentes lingüísticos encargados de promover el uso de la lengua en cada centro.

La Generalitat sostiene que la medida responde a una necesidad detectada en las propias cárceles. Actualmente, el 63% de los internos tiene algún conocimiento de catalán y un 62% ha realizado algún curso de formación. Sin embargo, una tercera parte reconoce que no entiende la lengua y únicamente el 13,7% asegura utilizarla de forma habitual, una cifra que ha descendido respecto a 2022. Entre los profesionales también existe una diferencia notable: mientras el catalán es la lengua mayoritaria entre compañeros, su uso cae de manera considerable cuando la conversación es con los internos.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha defendido que el catalán debe entenderse como «una herramienta de cohesión» y también como un elemento que facilita las oportunidades laborales y la integración social. Según ha explicado, la intención es que la lengua esté presente durante todo el proceso de reinserción porque puede ayudar a los internos a acceder con más facilidad al mercado de trabajo una vez recuperen la libertad.

El plan se desplegará de forma progresiva. La primera fase arrancará este año en cuatro centros: la prisión de Jóvenes, el centro abierto de Barcelona, Wad-Ras y Mas d'Enric. Antes de 2028 todos los centros deberán contar con un referente lingüístico y, un año después, cada prisión dispondrá de un plan propio con objetivos evaluables. Además, a partir de 2027 se incorporarán contenidos relacionados con la política lingüística en los procesos selectivos del personal penitenciario.

Otro de los focos estará puesto en el CIRE, la empresa pública encargada de la formación y el trabajo de los internos. Casi la mitad de su plantilla carece de acreditación de catalán, por lo que el Govern prevé desarrollar un programa específico de formación lingüística.

Paralelamente, el Centro de Estudios Jurídicos i Formación Especializada, el propio CIRE y la Universidad Autónoma de Barcelona impulsarán una investigación para determinar hasta qué punto el conocimiento del catalán influye en la inserción laboral de los exreclusos, analizando aspectos como el acceso al empleo, la estabilidad laboral o las diferencias salariales.

La iniciativa se pone en marcha, no obstante, en un escenario complejo para las prisiones catalanas. Tras el asesinato de una trabajadora del centro penitenciario de Mas d'Enric hace dos años y las reiteradas denuncias de los sindicatos por la falta de efectivos y el aumento de la tensión en algunos centros, parte del debate sigue centrado en reforzar la seguridad y los recursos del sistema.

El Govern sostiene que ambas cuestiones son compatibles y defiende que fortalecer la dimensión educativa y lingüística de las cárceles también forma parte de la misión constitucional de la institución penitenciaria: favorecer que quienes cumplen condena puedan reinsertarse en la sociedad con más herramientas y mejores oportunidades.