Cabezas alertó de «desigualdad» al frenar las vacunas a Policía y Guardia Civil, pero desvincula a Argimon de la decisión

«Generaría un problema de desigualdad». Con esas palabras ha reconocido este lunes Carmen Cabezas que advirtió al Departamento de Salud de las consecuencias que tendría detener la vacunación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en marzo de 2021.

La exresponsable de Salud Pública ha explicado ante la Audiencia de Barcelona que siempre defendió compatibilizar la inmunización de los colectivos esenciales con la prioridad otorgada a los mayores de 60 años y ha exculpado de esa decisión a Josep Maria Argimon. Todo ello ha tenido lugar durante la tercera jornada del juicio contra exaltos cargos de Salud por la suspensión del proceso de vacunación a policías y guardias civiles.

La sesión también ha servido para escuchar el testimonio de la entonces delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, quien ha asegurado que reclamó desde el primer momento que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil fueran vacunados como el resto de colectivos esenciales y ha negado que el Departamento de Salud le comunicara en algún momento problemas de disponibilidad de vacunas o retrasos en la recepción de los censos de ambos cuerpos.

La Fiscalía acusa a la exconsejera de Salud Alba Vergés; al exsecretario general del departamento, Marc Ramentol; a Argimon y al entonces director del Servicio Catalán de la Salud, Adrià Comella, de un presunto delito de prevaricación por la suspensión de la vacunación de los agentes destinados en Cataluña.

Uno de los momentos más relevantes de la declaración de Cabezas ha girado en torno a los mensajes de WhatsApp incorporados a la causa. La exresponsable de Salud Pública ha confirmado que el 23 de marzo de 2021 recibió un mensaje del gabinete de la entonces consejera Alba Vergés en el que se le trasladaba que debía detenerse la vacunación de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Según ha explicado, respondió manifestando su desacuerdo porque entendía que esa decisión provocaría «un problema de desigualdad» con respecto a otros cuerpos policiales que sí continuaban siendo vacunados y también respecto a otras comunidades autónomas. Además, advirtió de que obligaría a volver a citar posteriormente a los agentes para completar el proceso de inmunización.

Cabezas ha relatado que, poco después, habló por teléfono con Josep Maria Argimon. Según su versión, ambos coincidieron en que una decisión de ese alcance podía ser malinterpretada y consideraron que debía formalizarse mediante una instrucción escrita remitida por un cargo con rango suficiente dentro del Departamento de Salud.

Finalmente, ha precisado, fue el entonces secretario general de Salud, Marc Ramentol, quien envió un correo electrónico en el que se ordenaba priorizar la vacunación de las personas de entre 60 y 65 años y de los colectivos esenciales comprendidos en esa misma franja de edad.

La testigo ha insistido en varias ocasiones en que siempre defendió compatibilizar la vacunación por edad con la de los colectivos esenciales. A su juicio, ambos objetivos eran compatibles y no existía motivo para excluir a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil de la planificación inicial.

Durante su comparecencia también ha tratado de delimitar las competencias de Salud Pública. Ha asegurado que ese departamento definía los criterios sanitarios y garantizaba la disponibilidad de vacunas, pero que ni coordinaba la logística de la vacunación de los cuerpos estatales ni decidía las convocatorias o las cancelaciones, funciones que, según ha señalado, correspondían a otros responsables del Departamento de Salud.

La suspensión de AstraZeneca

Cabezas ha enmarcado aquellas decisiones en el contexto sanitario de marzo de 2021. Ha recordado que el Ministerio de Sanidad suspendió cautelarmente entre el 15 y el 22 de marzo la administración de la vacuna de AstraZeneca tras detectarse varios casos poco frecuentes de trombosis en distintos países europeos mientras la Agencia Europea del Medicamento evaluaba su seguridad.

Una vez levantada esa suspensión, la Comisión de Salud Pública decidió priorizar la vacunación de las personas mayores de 60 años, al tratarse del grupo que concentraba la mayoría de los ingresos hospitalarios y de las muertes por covid. Según ha indicado, en aquellos días más del 70 % de los pacientes ingresados y el 96 % de los fallecidos tenían más de 60 años.

No obstante, la exsubdirectora ha reiterado que ese criterio médico no era incompatible con continuar vacunando a los colectivos esenciales, entre ellos la Policía Nacional y la Guardia Civil, tal y como había defendido desde el inicio de la campaña.

También ha explicado que a principios de febrero de 2021 remitió a la Dirección de Servicios del Departamento de Salud toda la información necesaria sobre la vacuna de AstraZeneca, así como la documentación y los censos requeridos para organizar la vacunación de los colectivos esenciales. Tras recibir respuesta, entendió que el procedimiento seguía su curso y que la coordinación con Interior y con la Delegación del Gobierno ya estaba en marcha.

Cunillera niega problemas de dosis o censos

La declaración de Teresa Cunillera ha coincidido con la de Cabezas en varios aspectos. La exdelegada del Gobierno ha asegurado que el 10 de febrero de 2021 reclamó formalmente que Guardia Civil y Policía Nacional fueran incluidos en la vacunación de los colectivos esenciales y ha explicado que la Delegación facilitó todos los datos y personas de contacto que le fueron solicitados para organizar el proceso.

Cunillera ha negado, además, que el Departamento de Salud le comunicara en algún momento la existencia de problemas de suministro de vacunas o retrasos en la recepción de los censos de agentes. Según ha declarado, tampoco recibió ninguna explicación cuando el 24 de marzo se suspendió la vacunación de ambos cuerpos.

Ante esa situación, decidió remitir sendas cartas a los ministros de Sanidad y de Política Territorial para alertar de la paralización de la campaña. Ha asegurado que su intención era recordar que la Policía Nacional y la Guardia Civil seguían formando parte de los colectivos esenciales definidos en la estrategia nacional de vacunación y que, por tanto, debían mantener la prioridad que les correspondía.

La sesión ha dejado así dos testimonios que coinciden en un punto: tanto Carmen Cabezas como Teresa Cunillera sostienen que defendieron mantener la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Corresponderá ahora a la Audiencia determinar quién adoptó finalmente la decisión de interrumpirla y si aquella actuación incurrió o no en la arbitrariedad que sostienen las acusaciones.