Convivencia Cívica lleva al Ayuntamiento de Gerona a un nuevo pulso judicial por excluir el castellano de la rotulación municipal

La batalla judicial por la política lingüística del Ayuntamiento de Gerona suma un nuevo capítulo. Convivencia Cívica Catalana ha presentado un requerimiento formal para exigir que el consistorio incorpore el castellano a toda la rotulación, señalización y cartelería permanente de los edificios, oficinas e instalaciones municipales abiertas al público. Si el Ayuntamiento no atiende la reclamación o guarda silencio, la entidad acudirá a los tribunales por la vía de protección de los derechos fundamentales.

La asociación sostiene que la exclusión sistemática del castellano vulnera el régimen de cooficialidad lingüística recogido en la Constitución y denuncia que el Ayuntamiento mantiene una política de «monolingüismo institucional» que afecta a todos los espacios donde los ciudadanos se relacionan con la Administración.

El escrito, que ya se ha registrado, reclama que tanto el catalán como el castellano estén presentes en los rótulos exteriores, directorios, carteles informativos, señalización interior e indicaciones permanentes de edificios como la Casa Consistorial, las dependencias de la Policía Municipal, bibliotecas, centros cívicos, instalaciones deportivas, oficinas de turismo, mercados, museos y el resto de equipamientos municipales.

Tercer frente contra la política lingüística del consistorio

No es el primer litigio entre la entidad y el Ayuntamiento gerundense. Con este requerimiento, Convivencia Cívica abre un tercer frente jurídico contra el consistorio.

Actualmente ya mantiene dos procedimientos contencioso-administrativos. Uno cuestiona las cláusulas lingüísticas incluidas en el contrato de limpieza de la muestra «Girona, Temps de Flors», al considerar que obligan de forma injustificada a utilizar el catalán en un servicio que no implica atención al público. El segundo impugna la exigencia de un nivel C1 de catalán para cubrir una plaza municipal de delineante de topografía, al entender que el nivel requerido es desproporcionado para las funciones del puesto.

La reclamación se apoya en la reciente sentencia 831/2026 del Tribunal Supremo, que, según la entidad, marca un antes y un después en esta materia.

Ese fallo concluye que una Administración no puede limitar la rotulación exclusivamente al catalán porque, aunque no exista una prohibición expresa del castellano, hacerlo supone en la práctica excluir una lengua que también es oficial. La resolución recuerda además que los carteles y señales de los edificios públicos constituyen una forma de comunicación entre la Administración y los ciudadanos y, por tanto, deben respetar el régimen de cooficialidad lingüística.

Sobre esa base jurídica, Convivencia Cívica sostiene que la doctrina del Supremo resulta plenamente aplicable al Ayuntamiento de Gerona y que mantener la rotulación únicamente en catalán supondría perpetuar una vulneración de los artículos 3 y 14 de la Constitución.

La entidad deja claro que su objetivo no es retirar el catalán de ningún edificio municipal, sino garantizar que ambas lenguas oficiales tengan presencia en la comunicación institucional.

Su presidente, Ángel Escolano, sostiene que el Ayuntamiento ha convertido Gerona en «un escaparate del monolingüismo institucional» y defiende que la presencia conjunta del catalán y del castellano no perjudica a ninguna de las dos lenguas, sino que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la Administración.

El Ayuntamiento dispone ahora de un plazo máximo de tres meses para resolver expresamente la reclamación administrativa.

Convivencia Cívica advierte de que no aceptará una respuesta parcial ni cambios limitados a algunos edificios emblemáticos. La entidad reclama un plan para adaptar progresivamente toda la red municipal y exige que todos los nuevos elementos de señalización incorporen desde el primer momento el catalán y el castellano.

Si el consistorio rechaza la petición, no responde o mantiene el actual modelo de rotulación, la asociación ya ha anunciado que presentará una demanda contencioso-administrativa por vulneración de derechos fundamentales, con el objetivo de que sea la Justicia la que obligue al Ayuntamiento a introducir el bilingüismo en toda su señalización institucional.