La síndica de Greuges pide aclarar la incidencia que afecta a las Pisa en Cataluña

La síndica de Greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha abierto una actuación de oficio para aclarar la incidencia que afecta a los resultados de las pruebas Pisa en Cataluña por un exceso de alumnos exentos, que no permite compararlos con otros territorios y años anteriores.

En un comunicado, ha explicado que ha pedido a la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat «información detallada» sobre los criterios de exención aplicados y los mecanismos de control utilizados durante el proceso.

Según los datos de Educación, el 23,2% del alumnado seleccionado para participar en las pruebas quedó exento de hacerlas, una proporción superior al máximo de un 5% recomendado por la OCDE, y la mayoría de ellos fueron por discapacidades cognitivas, emocionales o conductuales.

La síndica ha considerado necesario profundizar en el análisis de estos hechos, teniendo en cuenta que la proporción de alumnado exento por motivos relacionados con discapacidades físicas, cognitivas, emocionales o conductuales supone el 19,6% de la muestra de 2.545 estudiantes, muy por encima de la prevalencia de estos perfiles en el alumnado de 4º de ESO.

Sobre el hecho de que las pruebas Pisa coincidieran en el tiempo con las de competencias básicas de 4º de ESO, la síndica ha dicho que el porcentaje de alumno exento en esas fue del 9,7%, inferior al 23,2% registrado en las de Pisa.

La institución ha pedido a la Conselleria de Educación información detallada sobre los 51 centros que formaban parte de la muestra, las características del alumnado exento, los mecanismos de acompañamiento y supervisión aplicados por los centros, la verificación posterior de los criterios aplicados y las causas que expliquen el error detectado.

También ha solicitado la documentación enviada a los centros antes de las pruebas y una copia del informe elaborado a raíz de las diligencias informativas abiertas para aclarar los hechos.

La síndica ha subrayado que las pruebas Pisa son una herramienta para evaluar el funcionamiento de los sistemas educativos y orientar las políticas públicas, ha considerado «imprescindible» aclarar cómo se produjo la incidencia, y ha demandado dar un papel central en la gestión de las pruebas Pisa a la Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.