Sánchez justifica el indulto a Borràs con un argumento que le impediría indultar al ex fiscal general

El presidente del Gobierno ha desvinculado el indulto «parcial», como él mismo ha matizado, a Laura Borràs de la negociación presupuestaria o cualquier otra con Junts, toda vez que la beneficiaria fue presidenta del Parlamento de Cataluña y del partido de Carles Puigdemont.

Pedro Sánchez compareció este miércoles a última hora de la tarde en el Palacio de la Almudaina tras su habitual despacho con el Rey Felipe VI y la primera pregunta de la prensa fue precisamente ésa. Puesto que, en su comparecencia de un día antes en la Moncloa para hacer balance de curso, el presidente ocultó que el Consejo de Ministros que acababa de presidir había aprobado ese indulto.

Sánchez restó intencionalidad política a la decisión del Ejecutivo. Según él, lo único que ha hecho es atender al criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que juzgó a Borràs y que pidió ese indulto parcial para evitarle la cárcel, al considerar la pena excesiva.

«Es un indulto parcial. Esto es como consecuencia de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que se establece que la pena de prisión en la sentencia es excesiva. Y, por tanto, la opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente que se mantuviera la malversación, pero no la pena de prisión. Con lo cual, lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de Presupuestos ni nada que tenga que ver con la política. Por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro», sostuvo.

Se da la circunstancia de que, en junio de 2021, el Gobierno indultó parcialmente a nueve cabecillas del procés a pesar de que informaron en contra tanto el Tribunal Supremo, que los juzgó, como la Fiscalía. Entonces, a Sánchez no solo no le importaron ambas opiniones, sino que las ignoró.

La lógica aplicada por Sánchez al caso de Borràs puede acabar siendo una trampa para él mismo, más pronto que tarde, en el caso del ex fiscal general del Estado, condenado por un delito de revelación de datos reservados. A mediados de junio, el Tribunal Supremo se opuso al indulto parcial de Álvaro García Ortiz al considerar que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública; que son los tres supuestos esgrimibles.

En su informe, la Sala de lo Penal destacó que «los hechos fueron graves, han producido una afectación importante de la institucionalidad del ministerio público por la relevancia de su función, como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad». Su opinión es preceptiva, aunque no de obligado cumplimiento para el Gobierno de Sánchez, que ahora tiene la pelota en su tejado y aún no se ha pronunciado al respecto. Siguiendo la doctrina Borràs, la que el presidente esgrimió este miércoles, no debería ser indultado parcialmente.

Sánchez también fue preguntado por la imputación del ex director general de la Guardia Civil Leonardo Marcos en el caso Leire, tras la anterior imputación de la actual directora, Mercedes González, y de su DAO, Manuel Llamas. El presidente se limitó a responder: «No tengo nada que añadir, presunción de inocencia y veremos en qué deriva toda esta causa». La causa instruida por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional va ya por la treintena de imputados. Entre ellos, también la gerente del PSOE, Ana Fuentes, y el primer jefe de Gabinete de Sánchez cuando estaba en la oposición, Juanma Serrano.