​El independentismo tiembla por miedo a que la derecha sume tres quintos y rompa el tablero

El independentismo catalán y vasco está inquieto. Las primeras encuestas del curso sitúan a la suma del PP y Vox cercana a los 210 escaños, lo que supondría tres quintos de la Cámara Baja. Y sobre todo, un cambio radical en la partitocracia española, con el PSOE relegado a una posición irrelevante a efectos prácticos y la derecha teniendo la llave para hacer reformar ordinarias de la Constitución.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, puso voz el miércoles a ese miedo durante la sesión de control al Gobierno, dirigiéndose a Pedro Sánchez. «Los números no me salen, y me duele la boca ya de decirlo. ¿Saben a quién le salen los números? A esta gente», empezó, señalando a los escaños de la derecha. «En las últimas encuestas, 194, 203, 204, 209, 205, 201, 208, 207, 202 y 213. Son los diputados que suman el PP y Vox. ¿La gente que nos ve es consciente de lo que es capaz de hacer esta gente con 210 diputados? Cargarse el sistema público de pensiones, cargarse el sistema público de prestaciones, cargarse el sistema educativo público, cargarse el sistema sanitario público y cargarse las competencias y la representación política de Cataluña, Euskadi y Galicia», enumeró en tono apocalíptico.

Los socios del Gobierno ya no solo temen que el bloque de la derecha gane las elecciones, sino que arrase. La situación de Sánchez en los sondeos ha ido de mal en peor a raíz de la crisis de Ceuta, y la sensación de fin de ciclo es una constante sobre las cabezas de la mayoría Frankenstein.

Primera parada: el Constitucional

La mayoría cualificada de tres quintos es la que los padres de la Constitución establecieron como listón en ambas cámaras legislativas para las reformas ordinarias de la Carta Magna y para los nombramientos en órganos clave del Estado. Que el PP y Vox alcancen tres quintos del Congreso es aún difícil, pero en el Senado es más factible. De hecho, en las elecciones generales de 2023 ya se quedaron a solo 13 escaños de conseguirlo, entre los 143 senadores que obtuvo el PP y los cuatro de Vox. Y ahí llegaría el primer cambio sustancial: el Tribunal Constitucional dejaría de tener una mayoría de izquierdas. A pesar de los intentos del PSOE por prolongar la proporción actual de siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores hasta, al menos, 2029.

La Cámara Alta elige cuatro magistrados por mayoría de tres quintos, como también elige cuatro la Cámara Baja. Este 2026 tocaba renovar esos cuatro que le corresponden al Senado, entre ellos, al propio Cándido Conde-Pumpido. Sin embargo, el PP mantiene bloqueada esa renovación parcial a la espera de la próxima legislatura. No en vano, de producirse con la aritmética actual en el Senado, el PP y el PSOE se repartirían dos magistrados cada uno, de manera que la mayoría de izquierdas en el seno del Constitucional se mantendría. En cambio, si después de las elecciones generales el PP y Vox suman esos tres quintos, los cuatro magistrados los designaría la derecha. Y ahí sí cambiaría la mayoría.

También por mayoría de tres quintos, cada una de las dos cámaras elige a diez vocales del Consejo General del Poder Judicial, y al Defensor del Pueblo y sus adjuntos. Y lo mismo con los consejeros del Tribunal de Cuentas: al Congreso le corresponde votar a seis y al Senado a los otros seis. En todos los casos, la voluntad del legislador era clara: lograr un mayor consenso político.

Hasta ahora, en toda la democracia solo el PSOE y el PP han sumado juntos esos tres quintos, legislatura tras legislatura. Eso es precisamente el bipartidismo, junto con la alternancia en el poder. Daba igual si gobernaban los populares o los socialistas. O si lo hacían por mayoría simple, absoluta o absolutísima, como la que tuvo Felipe González en 1982, que con sus 202 escaños.

Los tres quintos son más necesarios de lo que parece. En esta legislatura lo han sido para reformar dos veces la Constitución. La primera reforma, que coleaba desde la legislatura anterior precisamente por la falta de acuerdo entre populares y socialistas, sirvió para cambiar el término «disminuidos» por «personas con discapacidad» en el artículo 49. La segunda fue ratificada por el Rey en mayo, y con ella se modificó el artículo 69.3 para que la isla de Formentera pasase a ser una circunscripción electoral independiente y a tener su propio senador; en lugar de seguir compartiéndolo con Ibiza.

La mayoría cualificada sirvió también para renovar el Consejo General del Poder Judicial en junio de 2024, después de más de cinco años de bloqueo. Incluso fue necesaria de la mediación de la Comisión Europea. Al final, socialistas y populares acordaron repartirse los 20 vocales a partes iguales, diez y diez. Este jueves, el Pleno del Congreso rechazó la toma en consideración de una proposición de ley del PP para cambiar el modelo de elección de los vocales del CGPJ y que 12 sean elegidos por jueces y magistrados, sin intervención del Parlamento. La iniciativa de los populares solo fue respaldada por Vox.

Durante los larguísimos años que duraron las discrepancias entre los dos principales partidos, el PSOE amagó con reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar las mayorías de elección por las bravas y así no necesitar al PP. De hecho, era lo que le pedían sus socios, que cambiara el requisito de los tres quintos por el de la mayoría absoluta (la mitad más uno). Sánchez nunca se atrevió a dar ese paso, por dos motivos: la Comisión Europea probablemente le habría dado alto y, además, el presidente era consciente de que una reforma así acabaría volviéndose en contra del PSOE cuando gobernara el PP.

Lo paradójico

La paradoja es que, para rebajar la exigencia de los tres quintos en algunos nombramientos, baste en algunos casos con reformar una ley orgánica. Es decir, baste con una aprobar por mayoría absoluta una modificación legal, como habría sido el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A veces, ni eso. En octubre de 2024, el Gobierno cambió las mayorías de elección del Consejo de Administración de RTVE por real decreto ley del Consejo de Ministros. En el caso del ente público la mayoría exigida no eran tres quintos, sino el más difícil todavía: dos tercios para los consejeros que elige el Congreso y lo mismo con los del Senado.

Lo que hizo el Ejecutivo fue introducir un salvoconducto: añadir a la norma que, en caso de que la votación por dos tercios no prospere, para los nombramientos bastará con una mayoría absoluta al uso. E incluso amplió el número de consejeros de 10 a 15, y estableció que 11 fueran elegidos por la Cámara Baja y solo cuatro por la baja (porque en esta última el PP tiene mayoría absoluta). Para más inri, consumó el abordaje de la radiotelevisión pública en un Pleno extraordinario el día después de la tragedia de la dana en Valencia.