Imagen de la mesa del Consejo de Ministros, en una reunión reciente
El Gobierno indulta a tres condenados por corrupción el día que anuncia una Agencia de Integridad Pública
Los beneficiados son Laura Borràs, el exalcalde socialista de Linares y el gestor cultural Natalio Grueso, que estuvo dos años fugado de la Justicia tras ser condenado a ocho años de prisión
El Consejo de Ministros aprobó este martes la concesión de cinco indultos, tres de los cuales afectan a personas condenadas por delitos de corrupción en el ámbito público y cultural, y todo ello al mismo tiempo que el Gobierno enviaba a las Cortes su Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y Sánchez anunciaba la creación de una agencia al respecto.
Entre los beneficiados por esta medida de gracia está la expresidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borràs, que ha visto conmutada su pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 día por una pena de dos años. El Ejecutivo ha mantenido la multa y la inhabilitación de 13 años y justifica esta decisión alegando que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que la condenó, afirmó que la pena de prisión resultaba «desproporcionada y excesiva».
Asimismo, el exalcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez, ha recibido un indulto parcial que reduce su pena de prisión de tres a dos años, manteniendo la inhabilitación de siete años. Esta medida contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador, el apoyo del Ayuntamiento, de los grupos municipales del Partido Popular y del Partido Socialista y de una asociación vecinal.
Fugado de la Justicia
El tercer indulto se ha otorgado al artista y gestor cultural Natalio Grueso, quien estaba condenado a 8 años de prisión, 8 de inhabilitación y multa. El Gobierno ha indultado la pena de cárcel pendiente de cumplimiento alegando motivos humanitarios relacionados con su estado de salud, tras una solicitud promovida por profesionales del sector audiovisual. Cabe recordar que Natalio Grueso fue detenido en Portugal el pasado mes de diciembre tras más de dos años fugado y que tuvo que ser extraditado.
Momento en que Natalio Grueso es extraditado a España
Los dos indultos restantes corresponden a ciudadanos particulares condenados por delitos contra la salud pública, cuyas penas se han reducido a dos años tras recibir informes favorables de los tribunales y de la Fiscalía.
Al mismo tiempo que se aprobaban estos indultos, el Consejo de Ministros envió a las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. El texto introduce reformas para la detección de irregularidades, la protección de los informantes, el endurecimiento de sanciones y la prohibición de contratar con la Administración.
En el plano organizativo, la ley contempla la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, un organismo que «ejercerá el papel central en la lucha contra prácticas corruptas y fraudulentas», según figura en las Referencias del Consejo de Ministros del pasado 17 de febrero. «Espero que todos los grupos tengan la altura de miras y la voluntad de diálogo que exige el momento para que este proyecto salga adelante. El Gobierno la va a tener», añadió Pedro Sánchez ayer durante su balance del curso.
La norma, según figura en el Ministerio de Hacienda, obliga a los partidos políticos y a sus fundaciones a someterse a una auditoría externa obligatoria. «El resultado de la misma deberá presentarse junto a sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas. Si no se cumple, se considerará que sus cuentas están incompletas», señala el ministerio. «También cambia el límite que obliga a publicar las donaciones que reciben (...), que pasa de 25.000 euros a 2.500 euros. El plazo para publicar esos datos será de un mes».
