Sánchez calibra el coste de mantener al ministro de los 114 fallecidos o dejarlo caer a un mes de votar

El accidente ferroviario de Urda a un mes de las elecciones generales ha cortocircuitado los planes de Pedro Sánchez y del PSOE. Y lo ha hecho cuando los socialistas se encontraban inmersos en una carrera contrarreloj para movilizar al electorado de izquierdas con una campaña basada en las risas, los besos, los bailes y el buen rollo frente a una derecha «enfurruñada y malhumorada» a la que no le gustan las muestras públicas de amor, según el presidente del Gobierno.

Además de gestionar la tragedia humana y la emergencia, este último debe hacer frente a una decisión que no podrá posponer mucho: la continuidad, o el cese, de su ministro de Transportes, el de los 114 fallecidos en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Para más inri, uno de los que mejor conecta con la militancia y las bases del partido por su beligerancia contra el PP y Vox, y el número uno de la candidatura del PSOE por Valladolid al Congreso.

Óscar Puente sobrevivió políticamente al siniestro de Adamuz en enero porque el presidente así lo quiso. Calculó que mantenerlo no iba a tener coste para él, más allá de la presión asumible de la oposición y de una investigación judicial que contaba con que sería larga.

Sin embargo, ahora el contexto electoral lo cambia todo. Buena prueba de ello fue la prisa que el Ejecutivo se dio en filtrar los audios, de noche, para responsabilizar al operador del centro de control de Adif en Atocha. No será suficiente. Sánchez tendrá que recalcular el coste-beneficio de mantener a un ministro de Transportes cuya sola presencia abona un debate incómodo para el Gobierno; e incluso contrario a sus intereses: el del estado de las infraestructuras públicas y su mantenimiento, a pesar de que el Ejecutivo de Sánchez ha vivido y nadado en la abundancia de los fondos europeos y de una recaudación de impuestos engordada por el aumento de la inflación.

Además, en un Ministerio que, en su sentencia contra José Luis Ábalos, el Tribunal Supremo situó como epicentro de la organización criminal que anidó en el Gobierno. El propio exministro del ramo está cumpliendo una condena de 24 años y tres meses de cárcel por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

El presidente se desplazó este miércoles a la zona de la embestida mortal del AVE al Iryo y dejó dos frases con las que abrió ese melón. «Lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año, como hemos sufrido. Por tanto, se tomarán todas las medidas que se consideren oportuno y con total contundencia para reconstruir esa confianza en nuestro sistema de alta velocidad», afirmó.

Traducido, Sánchez anticipó ceses para calmar a la ciudadanía. La cuestión es a qué nivel, después de una legislatura caracterizada por la nula asunción de responsabilidades políticas en las cotas altas del Ejecutivo. Nunca. Para el presidente, las dimisiones no son un signo de responsabilidad, sino uno de debilidad. Así ha sido al menos hasta ahora. El descarrilamiento de Adamuz, con 46 fallecidos, se saldó sin una sola destitución. En paralelo, por aquellos días rodaron las cabezas de dos altos cargos de Renfe y Adif en Cataluña, el director de Rodalies y el director de mantenimiento de Adif, en cuanto el independentismo se lo exigió a Salvador Illa y al propio Sánchez.

Frente Amplio va muy lejos

En medio del shock y del luto nacional por la pérdida de 68 vidas, el socio de Gobierno del PSOE pidió la destitución del ministro Puente sin nombrarlo, mientras el líder de la oposición hacía un discurso mucho más contenido e institucional. Señal de la preocupación en la izquierda por el impacto de esta tragedia a escasas semanas de que España vote. Frente Amplio, la marca con la que Sumar concurre a las elecciones, emitió un comunicado en estos términos: «Más allá de las responsabilidades técnicas, exigimos la asunción de responsabilidades políticas. Por responsabilidad y por humanidad».

Ni ellos compraron el relato exculpatorio que el Gobierno puso en circulación desde primera hora de la mañana, el del error humano del operador del controlador de Atocha. Por el contrario, Alberto Núñez Feijóo afirmó en una declaración desde Génova 13: «Yo no voy a entrar ahora a discutir sobre las responsabilidades políticas. No es el día». Aunque pidió una revisión «completa, independiente e inaplazable» de toda la red ferroviaria. Su equipo explicó después: «No somos este PSOE. No somos el PSOE de otras épocas. Tampoco en precampaña», en alusión al comportamiento de los socialistas tras los atentados del 11-M.

El ministro compareció ayer desde Atocha y fue preguntado dos veces si piensa dimitir. Despejó ambas así: «En este momento, lo que estoy pensando es en esclarecer esto y tratar de resolverlo. No estoy pensando en mí». Puente no es solo ministro. Ni es solo ministro y candidato al 29-N. Es también uno de los aspirantes a suceder a Sánchez, una posibilidad con la que él ha coqueteado en los últimos meses, abriendo y cerrando la puerta según le convenía. Ahora el postsanchismo, o al menos su único aspirante en la actualidad, puede acabar antes que el sanchismo.